Así lo indicó Torres en una entrevista en Radio Televisión Canaria recogida por Servimedia, donde aseguró que tiene “conocimiento” de una investigación de la Fiscalía Europea de un expediente determinado, 4 millones de euros de unas mascarillas que “fueron quemadas en las aduanas” y que el Tribunal de Cuentas el año pasado ya reconocía que, siendo él presidente, “se había empezado el embargo a esa empresa”.

“Que se investigue lo que se tenga que investigar, porque si ha habido desalmados, sinvergüenzas o personas que han cobrado comisiones ilegales, que caiga todo el peso de la ley sobre ellos porque eso nos indigna”, apuntó Torres, quien dijo que en aquellos momentos “estábamos buscando material de manera absolutamente desesperada”.

Preguntado sobre si el Comité de Emergencia que él presidía durante la pandemia ordenó firmar el contrato para la compra de material sanitario con la empresa del ‘caso Koldo’, Torres señaló que ese comité “lo formaban cerca de 20 personas” y “jamás se habló de ninguna empresa, no se hablaba de empresas”.

Explicó que “llegaban propuestas a la dirección del Servicio Canario de Salud, se trasladan a los servicios técnicos y jurídicos, se analizaban” y “se hacía una propuesta de compra al respecto”. “Esas propuestas luego se elevaban al Consejo de Gobierno, que era el que tomaba las decisiones”, añadió.

Sobre las informaciones que dicen que las mascarillas de Canarias eran mucho más caras que en otros lugares, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática subrayó que las mascarillas FFP2 se pagaron a “a 2,5 euros por unidad”, mientras que en Madrid, “por ejemplo”, se pagaron en esas mismas fechas “a 6 euros”.

Torres defendió que Canarias hizo “un gran trabajo” y que fue la comunidad “con menos fallecidos por 100.000 habitantes de todo el país”. En residencias, recordó que fallecieron “cerca de 200 personas”, cuando en otras comunidades fallecieron 7.000 u 8.000 y “ahí no se quiere investigar por parte de quienes están en los gobiernos”.