Así lo anunció el Ministerio de Política Territorial en un comunicado, en el que señaló que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, llegaron a este acuerdo en una reunión en la sede de la Presidencia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.

Con este acuerdo, señalaron, el Gobierno de las islas podrá aplicar una reducción del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en gasolinas, gasóleos y biocarburantes de un 1% actual al 0% o bajar el IGIC del gas natural del 3% al 0%. Además, podrá bonificar hasta el 99,9% el impuesto sobre derivados del petróleo, que es el equivalente canario al Impuesto sobre hidrocarburos, entre otras medidas.

Torres destacó que desde el Gobierno de España se ha trabajado durante las últimas semanas para responder "con sensibilidad a la ciudadanía ante los efectos de una guerra ilegal y unilateral y con sensibilidad hacia los territorios y en el caso de Canarias, a su singularidad por la gestión de impuestos propios".

Por su parte, Clavijo remarcó que “esta medida podrá minimizar el impacto de la guerra sobre los precios y los bolsillos de las familias canarias”. Sumando todas las medidas, el coste total hasta el 30 de junio de 2026, que compensaría el Gobierno central, está en más de 15 millones de euros, una cantidad que, en caso de que el Gobierno de España prorrogara el Real Decreto ley o aprobase cualquier otro, se mantendrían también estos mecanismos adicionales en Canarias, según explicaron. Anualmente, estas medidas estarían valoradas en más de 60 millones de euros, según el Ministerio de Política Territorial.

Este compromiso del Gobierno de España para compensar financieramente acciones complementarias en Canarias se suma a las otras medidas que se recogen en el Real Decreto Ley 7/2026 aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, 20 de marzo, y que repercuten también de forma directa en las islas, sobre todo, en la conectividad, la protección energética y el apoyo a sectores productivos, en un contexto internacional marcado por el encarecimiento de la energía y los combustibles.

En materia de transporte, el real decreto ley incorpora un sistema de ayuda dirigido al transporte marítimo regular de pasajeros y de mercancías que opera en rutas y conexiones interinsulares; y contempla ayudas específicas para compensar el incremento del coste del combustible en sectores especialmente sensibles, como la agricultura, en territorios insulares (0,20€ por litro).

El decreto también incluye medidas fiscales y sociales que también benefician a los ciudadanos del archipiélago, como la reducción temporal de impuestos energéticos, la ampliación de los descuentos del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para consumidores vulnerables severos) y el refuerzo de la protección, manteniendo la garantía de suministro y evitando cortes hasta finales de 2026.

En cuanto a los costes de producción, el plan aprobado por el Gobierno refuerza el mecanismo que garantiza que los consumidores canarios no paguen los sobrecostes por lejanía, que se financian parcialmente a través de los Presupuestos Generales del Estado y del conjunto del sistema eléctrico nacional. Además, explicaron que se actualiza la tasa de retribución de la generación eléctrica para el periodo regulatorio 2026-2031, lo que contribuye a asegurar la estabilidad del suministro y a impulsar la transición energética en el archipiélago.

El texto también introduce medidas para evaluar de forma periódica los costes de generación y las condiciones de suministro en los territorios no peninsulares. Finalmente, el plan impulsa el desarrollo de energías renovables, el autoconsumo y las comunidades energéticas, ámbitos en los que Canarias "cuenta con un enorme potencial por sus condiciones naturales", destacaron.