En una entrevista en Onda Cero, recogida por Servimedia, Ángel Víctor Torres comentó las consecuencias que tendrá la previsible convalidación hoy por el Pleno del Congreso del real decreto-Ley 2/2025, para permitir los traslados automáticos de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas cuando un sistema de protección se halle al triple de su capacidad ordinaria.

Torres explicó que las comunidades autónomas que se declararan saturadas son aquellas que una vez se tenga el número total de los menores no acompañados inmigrantes que hay en España y dividamos la población de España entre ese número y luego la población de cada comunidad, del resultado saldrá la capacidad ordinaria. “Si se multiplica por tres esa capacidad ordinaria están saturadas”, señaló, y en esa tesitura hoy día está “claramente Canarias, tiene 6.000 y su capacidad ordinaria pueden ser 1.000 y poco más”.

Las demás comunidades por población, dijo que “están muy por debajo de lo que es la capacidad ordinaria, si distribuyéramos e hiciéramos una solidaridad obligatoria a todos los menores acorde a la población de cada lugar”.

Por ello, aseveró que la clave “no son las plazas que están atendiendo, son las que deberían atender si quieren responder a los territorios que están con niños y niñas asignados”.

Esa es la propuesta del Real Decreto Ley, recalcó, y defendió que es “una propuesta de solidaridad clara, objetiva, no se persigue a ningún territorio, no se beneficia a ninguno, pero sale una radiografía”.

ACLARAR LAS CIFRAS

No obstante, Torres admitió que hoy día existe un problema con los datos de los menores migrantes no acompañados que debían facilitar las comunidades autónomas al Gobierno. Además de señalar que algunas comunidades como Aragón no han facilitado las cifras, otras “nos han enviado datos que tenemos que reclamar que se nos aclaren, porque nos mandan, por ejemplo, niños tutelados junto a los niños migrantes no acompañados, o porque hablan de los datos de enero o febrero cuando hablábamos del año anterior”, lamentó.

El ministro insistió en que “después de dar un plazo a las comunidades autónomas que acababa el 30 de marzo”, debido a la falta de cifras correctas y la ausencia de otras, este martes se aprobó un grupo de trabajo con el que “se va a reclamar con la mayor exactitud que en un plazo mínimo respondan a esos certificados con datos objetivos”.

Torres detalló que, a escala estatal, el Gobierno cuenta con un instrumento que es el registro de menores no acompañados del Ministerio del Interior “que se actualiza a final de cada mes, pero el propio informe dice que no son del todo fiables porque hay movimientos con respecto a esos menores y esa competencia es autonómica”.

Una vez se convalide el decreto, señaló el ministro, se reunirá la conferencia sectorial de infancia y adolescencia como tarde el 20 de junio, “pero se va a convocar antes por la ministra Sira Rego, para esos criterios que pueden ser modificados si así lo decide en consenso la conferencia sectorial”.

DÍA HISTÓRICO

“Creo que en el día de hoy será un día histórico para esos niños y niñas porque se va a convalidar el Real Decreto Ley”, consideró, y concretó que “en 12 meses se hará esa distribución de 4.000 menores de Canarias y 400 de Ceuta: es decir, que, si a una comunidad le tocan 200 menores, por decir un caso, para que haya una respuesta solidaria no es inmediato, hay 12 meses, un año”.

Para Torres, lo importante es “que haya planificación, la hay; que la financiación también se establece; y luego que haya voluntad, voluntad verdadera de acoger a niños y niñas que vienen de África”.

Una voluntad, recalcó “que hubo para acoger a niños y a niñas con tutela de las comunidades autónomas que venían de la invasión de Ucrania y como digo estuvo bien, la pregunta es por qué no se hace lo propio con niños de la misma edad que vienen de África”.