En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Torres se preguntó “qué miedo hay a mostrar estos certificados”. A su juicio, la distribución que propone el decreto ley aprobado ayer para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y hacer obligatorios los traslados de menores migrantes cuando el sistema de protección de una comunidad triplique su capacidad de acogida ordinaria “es justa, igualitaria y transparente”.

El texto recoge que la capacidad ordinaria ‘ideal’ de cada sistema autonómico es de una plaza por cada 2.250 habitantes, por lo que Torres consideró que los territorios están a tiempo de “demostrar” de cuántas plazas disponen y el número de menores atendidos. Solo “necesitan un certificado firmado por un funcionario público".

En su opinión, "lo que va a ocurrir es que nos vamos a encontrar con comunidades que tienen una capacidad ordinaria para 1.000 menores y están atendiendo a 2.000 y con otras con capacidad para 400 que solo acogen a 20”.

CALENDARIO

Torres dijo confiar en que el PP “reflexione y recapacite” su oposición a la iniciativa y destacó que, “una vez convalidado, ninguna comunidad se puede oponer a cumplir” este decreto ley. El ministro sí especificó que “se esperará “a que el texto se convalide en las Cortes -para lo que se establece un plazo máximo de 30 días- antes de comenzar con su aplicación.

En este punto, destacó que “en los primeros 12 meses, empezaremos por hacer frente a la sobresaturación” en Ceuta y Canarias. Esto significa que los primeros menores en ser trasladados serán aquellos que ya están en el sistema. Ya en 2026, cuando un menor llegue a una comunidad sobresaturada, esta dispondrá de 15 días para reubicarlo.

Por otro lado, prosiguió, Canarias ha solicitado dos meses para gestionar toda la documentación que implica la puesta en marcha de los traslados.

APOYO PARLAMENTARIO

Preguntado sobre si el Gobierno cuenta con el apoyo parlamentario suficiente para sacar adelante este decreto ley, Torres aseguró que lo tiene. Apuntó que “su base es la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería” que, mediante una proposición de ley acordada entre PSOE, Sumar y Coalición Canaria, ya se intentó en julio de 2024.

Entonces, Junts se unió a PP y Vox para impedir la tramitación. “Junts nos pedía que se reconociese el esfuerzo histórico que Cataluña ha hecho en este sentido", explicó Torres, y por eso se introdujo este criterio a la hora de calcular el reparto. Ahora está convencido de que será distinto porque “entendemos que tenemos suficiencia de apoyos para poder convalidarlo”.

Insistió en que desde el verano, “hemos trabajado intensamente y con la mano tendida para intentar acercar al PP al acuerdo”, pero “ha sido imposible”.

En este punto, aseguró que el Gobierno está dispuesto a que el decreto “se tramite como Proyecto de Ley” e invitó al PP a que “haga sus aportaciones durante el proceso parlamentario y diga en qué puede mejorar”. “Le recuerdo a Feijoo que esta es una política de Estado”, subrayó.

Sí admitió que “las comunidades están en su derecho “a recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional si consideran que “invade sus competencias”, aunque “ya les adelanto que no”. "Sin embargo, más allá de esto “no se pueden negar a cumplirlo”, reiteró el ministro.