En declaraciones en el Senado, Torres dijo que cuando se han realizado “graves acusaciones” contra él en los medios de comunicación, el juez pidió que se presentaran las “pruebas pertinentes” en el plazo de diez días.

Afirmó que estas pruebas no se presentaron, lo que probó que “era todo una absoluta falsedad”. “No había ni piso ni señoritas que fueron vejadas sexualmente, ni tampoco había mordida por parte de Ángel Víctor Torres”, afirmó en relación con las acusaciones que contra él lanzó el comisionista Víctor de Aldama.

A este respecto, Aldama ha acusado a Torres de mentir sobre su relación y actividades. Este encausado ha afirmado que cuando el ahora ministro era presidente de Canarias, "venía cada semana a Madrid a hacerle la pelota a José Luis Ábalos para conseguir lo que hoy tiene" y lo calificó de "mentiroso compulsivo y mitómano". También le acusó de haber reservado un piso en Madrid para encuentros con prostitutas, acusación que Torres ha negado categóricamente.

NUEVOS INFORMES

El titular de Política Territorial ha presentado certificados de vuelo que demuestran que estaba en Canarias cuando Aldama asegura que estuvo en Madrid con "señoritas". El ministro denunció que estas acusaciones tienen un "fin político" y se preguntó "quién está detrás" de Aldama, insinuando que partidos como el PP aprovechan estas denuncias para dañarle.

Además, negó haber respondido al wasap enviado por Aldama en 2020, mostrando una fotocopia del mensaje sin guardar su número, y acusó a Vox de difundir información falsa.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha mencionado a Torres en su informe sobre el 'caso Koldo', con referencias a mensajes interceptados y comunicaciones relacionadas con contratos de mascarillas durante la pandemia, aunque sin imputación directa hasta ahora. Sin embargo, fuentes jurídicas avanzan que la UCO está preparando nuevos informes que podrían implicar directamente al ministro, junto con la expresidenta balear y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en irregularidades vinculadas a la trama.

El magistrado Leopoldo Puente, que instruye la causa, ordenó rastrear mensajes entre Aldama, Koldo García, José Luis Ábalos y Torres para esclarecer posibles repartos ilegales de mordidas y pagos en 'B', entre ellos una supuesta petición de 50.000 euros al ministro por parte de Aldama.