Así lo indicó en la rueda de prensa en la que desgranó los datos del paro y afiliación a la seguridad social del mes de diciembre tras ser preguntado por el informe firmado por Miguel Ángel García Díaz, que estimaba que un incremento en 400.000 personas recibiendo la nueva prestación aumentaría las necesidades financieras en 2.500 millones de euros al año.

El ‘número dos’ de Yolanda Díaz criticó que el estudio “no tiene bases sólidas reales” y “parece más reflejar la opinión personal del autor” que ser “un estudio sosegado y riguroso de la realidad de la reforma del subsidio”.

En este sentido, señaló que, para que se alcanzara esa cifra estimada en el análisis, debería aumentarse “casi en un 56%” los receptores del subsidio, algo que “no es previsible que ocurra” y que “desde luego, no va ocurrir” con la incorporación de los menores de 45 años sin cargas familiares y los eventuales agrarios, que recoge por primera vez la norma.

Continuó señalando que le parece un “impacto presupuestario desproporcionado que no se corresponde con el que está en la memoria de análisis normativo que acompaña a la reforma del subsidio” y destacó que va “en la línea” de otros informes de la institución. Según Pérez-Rey, Fedea busca “cuestionar desde un punto de vista neoliberal el funcionamiento de las instituciones laborales y en concreto la de la protección social estigmatizando a los desempleados de su suerte”.

Por último, apuntó que efectivamente es una reforma que “conlleva costes” porque “pretendemos proteger mejor” y, para ello, es necesaria “más inversión pública en protección social”, que es “una de las inversiones más eficientes que uno puede hacer”, algo que se demostró “claramente” durante la pandemia.