Según la vicepresidenta de esa comisión, la eurodiputada española María Teresa Domingo, del grupo Izquierda Unitaria Europea (IUE), en la CE hay 81 millones de amas de casa, a las que hay que añadir 9 millones de traajadoras no reconocidas en explotaciones familiares y los millones de mujeres que comparten un trabajo retribuido y el trabajo doméstico.

Estas últimas realizan un promedio de 35 horas semanales de trabajo doméstico tras su jornada profesional, mientras que las personas que se encargan exclusivamente de la casa invierten 46 horas semanales, cifra que aumenta con el número de hijos.

Sin embargo, el sistema actual de contabilidad nacional sólo incluye el trabajo doméstico cuando lo realiza una persna asalariada, dando lugar a la paradoja de que cuando un soltero se casa con su empleada doméstica reduce el PIB de su país, mientras que la producción real permanece idéntica.

Algunas de las medidas propuestas por la Comisión de Derechos de la Mujer son aumentar las deducciones fiscales en concepto de cuidado de los hijos o de personas impedidas en la familia; considerar ciertos periodos de tiempo como cotizados a la Seguridad Social, a efectos de acumulación con los efectivamente cotizados, o faciltar la incorporación al mercado de trabajo de estas mujeres.

Asimismo, la comisión recomienda la mejora de los permisos laborales para el cuidado de hijos o personas dependientes. Precisamente sobre esta cuestión, el grupo IUE ha pedido "sensibilidad" al Consejo de Ministros de la CE para que apruebe antes del mes de junio la Directiva de Protección de la Mujer Embarazada, objeto de difíciles debates durante casi dos años.

El proyecto de norma comunitaria establece un permiso por embarazo y lactacia de 16 semanas, mientras que el Consejo de Ministros pretende fijarlo en 14. Durante ese periodo la trabajadora cobraría un mínimo del 80 por ciento del salario, aunque el PE pide a los gobiernos que llegue al 100 por cien.

En España trabajan 4 millones de mujeres, de las que un máximo de 30.000 dan a luz al año. Esta proporción, para María Teresa Domingo, demuestra que el nivel de remuneración propuesto "no supone para España ningún problema de dinero".

"Izquierda Unida espera que el Gobiernoespañol apoye la propuesta del PE y se apruebe la directiva en junio, ya que puede ser arriesgado dejarla en manos de la presidencia británica", señala la coalición.