Actualmente, quienes se prejubilan entre 60 y 65 años, pirden un 8% de su pensión por cada año que adelantan su periodo de retiro. Además, los afectados por un proceso de prejubilación en una empresa, acceden a cobrar el paro durante dos años e incluso, si tienen cotizados suficientes años, pueden recibir un subsidio hasta que cumplen los 60 años.

Trabajo ha encargado a sus técnicos un estudio para valorar el coste que todas estas modalidades tienen para las arcas públicas, para estudiar el sistema capaz de compensar este gasto.

Otra de las opciones qu se barajan es subvencionar a empresas y trabajadores que opten por agotar la edad de jubilación fijada en 65 años, e incluso a los que deseen seguir trabajando después de cumplir esa edad.

Juan Chozas, secretario general de Empleo, aseguró que la pretensión del Gobierno está en la línea marcada por el Pacto de Toledo y por el resto de países de la Unión Europea de agotar la edad de jubilación.

"Todo lo que vaya en este sentido será apoyado, reconocido y recogido en programas de apoyo y subvenció", reconoció Chozas en una rueda de prensa, a la vez que advirtió que los programas de prejubilación contarán con la oposición del Estado, sobre todo si inciden económicamente en las cuentas públicas.

CONTROLES DEL INEM

En este sentido, aseguró que el Inem extremará los controles sobre los prejubilados que, nada más abandonar su trabajo, acceden al cobro de 2 años de paro.

La posición contraria a las prejubilaciones por parte del Ministerio de Trabajo ha sido mostrada reiteradamente en las últias fechas por sus máximos dirigentes, sobre todo después de conocer la pretensión de Telefónica de prejubilar a sus trabajadores a partir de los 42 años.

El ministro Manuel Pimentel ha asegurado que ya no estamos en la época de las prejubilaciones, que fue un modelo surgido en un momento económico difícil como única salida para determinadas empresas, pero que en la actual situación laboral debe ser superado.