Así lo reveló Pérez Rey en la rueda de prensa de valoración de los datos del paro y la afiliación del mes de julio, donde fue preguntado por si Trabajo mantiene su voluntad de reformar el despido tras la sentencia del Tribunal Supremo.

“Estamos obligados a incorporar las indicaciones que proceden de ese texto”, afirmó en relación con la Carta Social Europea, y recordó que ese organismo considera que el despido no es suficientemente disuasorio en España y que no satisface de manera eficaz el daño que se causa al trabajador.

Por ello, Trabajo mantiene la voluntad de abrir la mesa de diálogo social sobre esta cuestión, ya que considera que la sentencia del Tribunal Supremo “no incorpora ningún obstáculo” y que, de hecho, “lo deja en manos del legislador”.

En concreto, el Tribunal Supremo ha establecido que la indemnización por despido improcedente regulada en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores no puede ser incrementada por los tribunales con cuantías adicionales basadas en circunstancias específicas de cada caso.

Los magistrados consideran que la expresión "indemnización adecuada" que aparece en la Carta Social Europea resulta "literalmente inconcreta" y no constituye un mandato directamente aplicable, sino una declaración programática que requeriría desarrollo legislativo.

Además, la sentencia establece que la indemnización tasada prevista en la legislación española ofrece "seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores que, ante la pérdida del mismo empleo, son reparados en iguales términos".