El acto tuvo lugar en el Centro Penitenciario La Moraleja (Dueñas, Palencia), donde se rubricó el convenio para el siguiente ejercicio, dotado con un importe de 4,8 millones de euros, según informó el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Dicho departamento puso en valor que la relación entre ambas instituciones, que se inició hace casi 20 años, “se ha ido consolidando con el tiempo, lo que ha permitido mejorar la metodología, la gestión y los resultados de las acciones de formación profesional para el empleo realizadas al amparo de esta colaboración”.

El convenio, que tiene efectos desde el día de la firma hasta el 31 de diciembre de 2024, se enmarca, además, en el plan de formación profesional para el empleo que, anualmente, la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario pone a disposición de los centros penitenciarios para impulsar la resocialización y reinserción de internos e internas.

En el acto, el director general del Servicio Público de Empleo Estatal subrayó la importancia del acuerdo al afirmar que “la formación, sin duda, es la mejor herramienta para que las personas privadas de libertad afronten con éxito su reinserción y es también una inversión financiada por el SEPE que, en términos sociales, nos ayuda a mejorar al conjunto de ciudadanos”.

Por su parte, el secretario General de Instituciones Penitenciarias agradeció al SEPE su compromiso y la estrecha colaboración, “que supone una contribución fundamental para que la Administración Penitenciaria cumpla con el fin establecido en la Constitución: procurar una reinserción efectiva de las personas privadas de libertad”.

En el marco del convenio 2022/2023 se impartieron 196 cursos de formación profesional para el empleo que beneficiaron a 3.147 participantes. De ellos, un 11,2% eran mujeres, un porcentaje cuatro puntos superiores al de la población penitenciaria femenina.

Las especialidades formativas impartidas corresponden a diferentes familias profesionales. Las más programadas están relacionadas con edificación y obra civil, que aglutina el 24% de las acciones; seguridad y medioambiente, el 20,9%; hostelería y turismo, el 18,9%; industrias alimentarias, un 18,4%; textil, confección y piel, un 6,1%; y ámbito agrario, un 5,1%. El porcentaje restante está conformado por formaciones vinculadas a otras familias profesionales.

Es importante destacar que una gran parte de estas especialidades está relacionada con la actividad productiva que se desarrolla en cada centro penitenciario. De esta forma, la persona privada de libertad no sólo adquiere las destrezas técnicas en los cursos de formación, sino que además puede ponerlas en práctica en los talleres productivos.