La respuesta de Trabajo sólo autoriza la regulación de empleo solicitada por la dirección para la factoría de Cartagena, si bien la limita al primer semestre de 1992, frente al periodo de un año que figuraba en la solicitud.

Además, el escrito de las autoridades laborales advierte a los resonsables de Bazán de la necesidad de presentar un plan de viabilidad para el conjunto de la empresa, que garantice el futuro de la compañía.

En su solicitud, la dirección pedía a Trabajo la autorización necesaria para hacer una regulación de empleo que afectaría a unos 2.000 obreros del astillero que tiene en El Ferrol (La Coruña), otros 1.200 en Cartagena (Murcia) y 500 más en San Fernando (Cádiz).

Los motivos expuestos por la empresa para solicitar la medida, por segundo año consecutivo, eran qe las pérdidas previstas para el presente año ascenderán a 17.900 millones de pesetas, 3.100 más de los esperados para el cierre de 1992.

Por su parte, fuentes del comité de empresa señalaron a esta agencia que la medida "era exagerada" e insistieron en su petición de recuperar la deuda del Ministerio de Defensa con Bazán para paliar la mala situación financiera que atraviesa.

DEUDA DE DEFENSA

Según los portavoces sindicales, Defensa le debe a Bazán unos 16.500 millones de pesetas, sólo por lasobras ejecutadas durante 1991 que no fueron abonadas a su vencimiento.

Las estimaciones de la empresa indican que de los 31.000 millones que la Armada prevé invertir en 1992, 16.500 millones corresponden a los proyectos ya realizados por Bazán en 1991 y que no le fueron pagados.

Otro factor de incertidumbre sobre el futuro de la compañía es la falta de contratos de la Armada, que ha hecho caer en picado la financiación propia de la empresa, hasta hacerla pasar de un balance positivo de 16.500 milones de pesetas en 1990 a los números negativos en 1991.

También las bajas incentivadas y reestructuraciones de plantilla que vienen produciéndose en la empresa desde hace un año están suponiendo una fuerte carga para la empresa, ya que en 1991 se acogieron a estas medidas 726 personas, con un coste de 11.500 millones de pesetas, y en 1992 lo harán otras 456, por valor de 8.000 millones más.

Además, Bazán prevé que el efecto económico de la bajada de la actividad en la empresa sobre la cuenta de esultados fue de 9.555 millones de pesetas en 1991, y que en 1992 alcanzará los 17.243 millones.