Así se expresó Pérez Rey durante la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo, donde fue preguntado por la situación del registro horario, después de que el pasado mes, el Consejo de Estado emitiera un informe muy crítico con el texto impulsado por el Ministerio de Trabajo, haciendo suyos parte de los argumentos de la CEOE y del Ministerio de Economía.

Esta norma fue impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que, en septiembre, el Congreso tumbara la ley de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Este texto incluía también la regulación del derecho a la desconexión digital y el refuerzo del control horario para hacerlo más fiable, digital e interoperable desde la Inspección de Trabajo.

Con los votos de PP, Junts y Vox, la ley fracasó y Díaz explicó que el registro horario se podía reformar por la vía reglamentaria, sin pasar por el Congreso. Pero, tras ello, afloraron nuevas discrepancias con el Ministerio de Economía, dirigido ahora por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, partidario de mayor flexibilidad para la adaptación de las empresas, especialmente de las de menor tamaño.

“El Gobierno está analizando lo que dice el órgano consultivo e introducirá los cambios que sean necesarios, siempre y cuando no desnaturalicen el texto. Yo quiero recordar que el Consejo de Estado no deja de ser un órgano consultivo, cuyas opiniones son importantes, interesantes, pero obviamente no pueden ser vinculantes para el Gobierno”, clarificó Pérez Rey.

Además, señaló que, “en la medida de lo posible”, se adaptará el texto para que siga su curso en las próximas semanas, pero sin desnaturalizarlo. Por ello, insistió en que su intención es “seguir adelante” con el reglamento de registro horario.

En su opinión, “en pleno siglo XXI, en la revolución de los algoritmos y la inteligencia artificial, entender que el registro horario no se puede hacer a través de medios digitales es un razonamiento un poco carpetovetónico”. Y es que, según expuso, esta no es una norma “caprichosa”, sino que lo que busca es hacer cumplir la obligación de registrar la jornada que ya existe en España.

“Hasta ahora, con el registro actual, no se cumple. Y desde luego, una norma que no sirve es el peor de los elementos para dar una falsa sensación de protección”, enfatizó el secretario de Estado, quien también recordó que existe un mandato europeo para que España cuente con un control del tiempo de trabajo “objetivo” y “fiable”.

En cuanto a la propuesta de Carlos Cuerpo de que se dé un año a las empresas para adaptarse a la norma, Pérez Rey argumentó que el texto ya recoge suficiente “flexibilidad”, ya que entra en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero los elementos sobre digitalización tienen un margen mayor.