En un comunicado, AEA ha asegurado tener acceso a una circular interna en la que están las últimas instrucciones remitidas por Tráfico a sus jefaturas provinciales para que ctualicen el importe de las sanciones por exceso de velocidad.

Automovilistas Europeos Asociados ha afirmado que la DGT ha disminuido los márgenes de tolerancia que hasta ahora venían admitiéndose sobre las velocidades captadas por los radares, salvo en las autopistas y las autovías, que permanecen invariables.

Esta circunstancia supondrá un importante incremento en el número de denuncias formuladas por la Guardia Civil, según AEA, ya que "muchos excesos de velocidad que hasta ahora no se denunciban por aplicación de los márgenes de error reglamentariamente admitidos, con los nuevos criterios sancionadores darán lugar a la incoación de cientos de miles de expedientes sancionadores".

Por ejemplo, en vías urbanas o travesías (con limitaciones de 50 km/h) los radares no se activaban si no se superaban los 65 km/h. Con las nuevas instrucciones de Trafico, se empezarán a imponer multas a partir de 61 km/h.

Otro cambio es el del importe de las sanciones, que ascienden de 120'20 a 140 euros la ulta mínima y de 300'51 a 520 euros la sanción máxima. Además, AEA ha advertido de que habrá más suspensiones temporales del carnet de conducir.

Por otro lado, Automovilistas Europeos Asociados ha denunciado que el Gobierno vasco no está aplicando correctamente los márgenes de error de los radares a que tienen derecho a los conductores y está computando como muy graves excesos de velocidad que, según la ley, no pueden tener tal consideración.

Desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Táfico, AEA ha detectado que la DGT ha cambiado, al menos, cuatro veces los criterios para sancionar los excesos de velocidad.

El automovilista no puede hacer nada ante esta situación porque Tráfico no quiere hacer públicos sus criterios sancionadores y no existe posibilidad de cuestionar si la multa impuesta es correcta o no, según ha afirmado AEA, que considera que esta inseguridad jurídica se corregiría con la publicación de las medidas sancionadoras.