Por ello, este jueves iniciará la fase de audiencia pública de un proyecto de real decreto por el que se establece un sistema de Certificados de Ahorro Energético.

El sistema de CAE ha experimentado un crecimiento muy notable desde su lanzamiento hace tres años, ya que se han recibido más de 9.400 solicitudes, de las que se han resuelto favorablemente unas 7.000 (hay más de 1.300 en tramitación), ligadas a un ahorro certificado superior a los 7.700 GWh.

Durante este tiempo también se han identificado mejoras que pueden incorporarse al marco jurídico para aumentar su eficacia y adaptarlo a la evolución normativa europea y española.

La principal novedad del proyecto normativo es la introducción de un mecanismo de subastas de ahorro de energía que canalicen la inversión hacia actuaciones centradas en algunas tecnologías (como la movilidad eléctrica), actuaciones (como la rehabilitación integral de bloques de pisos) y beneficiarios (pymes o población vulnerable) o que, por ejemplo, reduzcan drásticamente las emisiones de carbono, siempre y cuando supongan un ahorro de energía.

Transición Ecológica propone incorporar dos tipos de subastas, denominadas subastas de compromisos de ahorro energético y subastas de necesidades de ahorro energético, en las que podrán participar los sujetos obligados y los sujetos delegados del sistema de CAE.

Las convocatorias de ambos tipos de subastas definirán los productos a subastar, que se asignarán mediante el procedimiento ‘pay as bid’, otorgando al adjudicatario el ahorro energético y el importe económico que había ofertado.

En las subastas de compromisos de ahorro energético se licitaría una prima económica, adicional al valor de los CAE conseguidos al ejecutar la actuación adjudicada, que podrían comercializarse posteriormente, como el resto de certificados del sistema, hasta su liquidación.

AHORRO

En las subastas de necesidades de ahorro energético, en cambio, se licitaría una cantidad económica por la actuación adjudicada, cuyos CAE computarían en la consecución de los objetivos de ahorro del país, pero se liquidarían sin posibilidad de comercialización posterior.

El ahorro energético subastado sería adicional al volumen de ahorro repartido anualmente entre los sujetos obligados.

En ambos casos habría un proceso de precalificación y calificación de los participantes, y las subastas, organizadas por el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) y supervisadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), contarían con precios de riesgo y reserva, para evitar ofertas temerarias y costes muy elevados, respectivamente.

Ambos tipos de subasta permitirán incentivar actuaciones menos atractivas a corto plazo por sus largos períodos de retorno económico, así como responder a necesidades de política energética o social, reforzando con ello el sistema de CAE.

FINANCIACIÓN

La financiación de las subastas correría a cargo tanto al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) como de los Presupuestos Generales del Estado. Transición Ecológica solicitará a la Comisión Europea la confirmación del encaje del proyecto regulatorio en la legislación comunitaria en materia de ayudas de Estado.

Asimismo, el proyecto normativo desarrollará una plataforma electrónica integral del sistema de CAE, así como la mejora de los procedimientos ya existentes, las definiciones, las funciones y los requisitos de los distintos participantes en el sistema de certificados.