Según informó el departamento que lidera Sara Aagesen, el objetivo del proyecto es reforzar el marco normativo y de planificación vinculado al riesgo de inundación en un contexto en el que estos fenómenos se ven intensificados por el cambio climático.

La futura norma pretende “evitar que siga aumentando la exposición de personas, bienes e infraestructuras al riesgo de inundación mediante una mejor ordenación del territorio, el impulso de la adaptación y el fortalecimiento de la prevención, la formación y la transparencia”. Para ello, el proyecto propone modificar el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, señaló el Miteco.

PROTECCIÓN REFORZADA

El proyecto plantea reforzar la regulación de los usos del suelo en función del nivel de riesgo de inundación y de la clasificación del suelo. En las zonas de flujo preferente propone “mantener el carácter rural de estos terrenos y limitar las actuaciones a las destinadas a la protección frente a inundaciones”.

En suelo urbanizado plantea “impedir nuevos usos residenciales, así como garajes, sótanos e instalaciones bajo rasante”. En el resto de las zonas inundables propone “nuevas condiciones para reducir la vulnerabilidad y favorecer un desarrollo más resiliente”.

El ministerio detalló que el proyecto propone que los instrumentos de planeamiento incorporen los mapas oficiales de peligrosidad y riesgo de inundación en un plazo máximo de cinco años y que los municipios situados en Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación elaboren programas municipales de adaptación. Asimismo, plantea crear el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas”.

Además, el texto incorpora medidas para reforzar la formación de los empleados públicos, impulsar contenidos de autoprotección frente a inundaciones y mejorar la transparencia en las transmisiones inmobiliarias mediante la información sobre la afección por zonas inundables.