A esta cuestión se refirió, en una entrevista con Servimedia, el director de Transparencia Internacional España (TIE), David Martínez, quien explicó que coincide en líneas generales con la reforma de la Lecrim impulsada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. No obstante, destacó que cuestiona el momento elegido para enviarla al Congreso y lo referido a la independencia de los fiscales.

Martínez explicó que resulta "importantísimo" implementar mecanismos donde los conflictos de interés estén "absolutamente regulados" y donde se pueda blindar que no haya discrecionalidad en las actuaciones fiscales. Defendió que los fiscales deben someterse "al principio de legalidad, al principio de seguridad jurídica".

Trasnparencia considera fundamental establecer "mecanismos de blindaje democrático y jurisdiccional" para evitar que quien investiga pueda resolver contra su propia institución o persona, especialmente en casos que puedan afectar a la misma parte investigada.

REFORMA EN DEBATE

El director de TIE subrayó que la reforma busca adaptar el modelo español al europeo, otorgando mayor protagonismo a la Fiscalía en las investigaciones penales. Sin embargo, advirtió sobre la importancia del momento oportuno de la implementación.

Martínez citó al jurista Manuel Jaén Vallejo, quien defiende la reforma pero mantiene "escepticismo sobre si es el mejor momento" para llevarla a cabo, dado el contexto actual de casos judicializados de corrupción política.

La organización considera que cualquier cambio debe garantizar que los fiscales no actúen con discrecionalidad injustificada y mantengan su sujeción a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico español.

JUEZ DE GARANTÍAS

El Consejo de Ministros envió el pasado martes al Congreso la reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé otorgar la instrucción penal a los fiscales en lugar de a los jueces. El cambio busca adaptar el modelo español al de otros países europeos y agilizar las investigaciones judiciales mediante una fiscalía reforzada y con mayores garantías procesales.

La propuesta legislativa, que debe iniciar su tramitación parlamentaria, plantea además una redefinición del papel del juez de garantías, encargado de supervisar los derechos fundamentales y autorizar medidas restrictivas. Bolaños defiende que el nuevo modelo reforzará el control judicial sin debilitar la independencia de los fiscales, que dependerán jerárquicamente pero con límites normativos.

El texto también introduce medidas para modernizar los procedimientos penales, como un mayor uso de medios telemáticos, plazos más claros en las investigaciones y una simplificación de recursos para evitar dilaciones indebidas. El Ministerio confía en que la nueva Lecrim entre en vigor en la próxima legislatura tras un periodo transitorio de implantación escalonada.