Así lo confirmaron a Servimedia fuentes del departamento dirigido por Raquel Sánchez el día en el que PSOE y Sumar han incluido la aprobación de este índice “con carácter inmediato” en su acuerdo de Gobierno.

Estas fuentes apuntan que esta metodología ha sido fruto del trabajo técnico tanto con otras Administraciones del Estado implicadas, como con agentes del sector y con equipos técnicos de la Generalitat de Cataluña, la única comunidad autónoma que hasta el momento ha solicitado la declaración de áreas tensionadas por parte del Estado. Cataluña contaba, además, en su norma autonómica -suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional- con un índice de precios similar.

“Una vez cerrado se implementará la herramienta informática”, señalan estas fuentes. Este índice es un trámite pendiente para poder poner en marcha de manera efectiva la regulación de los precios de los alquileres que contemplaba la Ley de Vivienda aprobada en mayo.

El último índice publicado por el Ejecutivo central contaba cifras del año 2021 y se elaboraba con datos tributarios. La intención de Transportes era actualizarlo con cifras más actuales y que pudiese tener en cuenta diferentes características de la vivienda, como su estado de rehabilitación.

A este índice, que también podría ser sustituido por otros de carácter autonómico, como el catalán, deberán someterse los contratos de alquiler de grandes tenedores (propietarios con 10 o más pisos) y los nuevos contratos -que no se hayan alquilado en los últimos cinco años- de pequeños propietarios siempre que se encuentren en zonas declaradas como mercado tensionado.

Sin embargo, cinco meses después de la aprobación de la norma ninguna región cuenta con zonas de mercado tensionado ya que ninguna, salvo Cataluña, lo ha reclamado. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP ya anunciaron que no materializarían esta posibilidad que les confiere la norma, mientras que Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias y País Vasco todavía no lo han solicitado.