Según Astic, el Gobierno debería, con carácter preventivo, dejar articulado y previamente acordado este paquete de ayudas con el sector tanto en el plano técnico como jurídico.

De hecho, los transportistas alertan de que un repunte de esta magnitud podría generar graves riesgos de erosión de los márgenes operativos de las empresas de transporte por carretera españolas, provocando tensiones de liquidez y estrangulamientos financieros que podrían poner en peligro su continuidad.

A este respecto, la patronal del transporte internacional recuerda que el diésel representa un tercio de los gastos operativos de las compañías de transporte, y que en la actualidad un camión pesado de larga distancia consume más de 4.000 litros de combustible al mes.

Por todo ello, pide la convocatoria urgente de una reunión técnica con la participación de Transportes y Hacienda, con el objetivo de acordar los umbrales de activación y desactivación del mecanismo, por ejemplo, si el precio medio semanal del gasóleo en España supera un determinado nivel, como un incremento del 10 % en 2 o 3 semanas.

También para definir el conjunto de medidas y su redacción lista para el BOE, y dejar preparada la operativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), reutilizando el modelo que funcionó con éxito cuando se vivió una situación similar tras la invasión de Ucrania.

Por último, Astic recuerda a los operadores de transporte que pueden trasladar el incremento del precio del combustible a sus clientes en los contratos de prestación de servicios, en virtud del Real Decreto-Ley de marzo de 2022, que estableció la obligatoriedad de revisar automáticamente el precio del transporte cuando se produzcan variaciones en el precio del diésel.