La CETM indicó que las diferencias entre la Administración y las empresas del sector de conservación deben resolverse por las vías correspondientes, pero considera que ni los usuarios de las carreteras ni, en particular, el transporte de mercancías, pueden “verse perjudicados por un conflicto derivado del procedimiento de contratación”.

“La conservación de las carreteras es una necesidad objetiva y urgente. No estamos hablando de una cuestión empresarial, sino de una infraestructura esencial para la seguridad y para el funcionamiento de la economía”, apuntó esta patronal de transportistas.

A su juicio, para las empresas de transporte de mercancías, que utilizan diariamente y de forma intensiva la Red de Carreteras del Estado, la conservación de las infraestructuras tiene un impacto directo sobre su actividad.

“El deterioro del firme, las deficiencias en la señalización, la falta de mantenimiento y las restricciones derivadas de obras o de malas condiciones de la vía incrementan los tiempos de viaje, el consumo de combustible, el desgaste de los vehículos y los costes de explotación”, zanjó.