La decisión de la mayoría de gobierno del PP obtuvo hace dos meses el voto en contra de toda la oosición, aunque fue Izquierda Unida la que presentó el recurso ante los tribunales.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC dio la razón a la impugnación de IU, quien alegó que corresponde al Gobierno central, y no a los ayuntamientos, la concesión de servicios de telecomunicación por cable.

El auto señala que la "simple ausencia de alegaciones de la propia administración demandada conduce de forma irremisible a la suspensión del acuerdo" y reconoce que dicho acuerdo excede del ámbito mnicipal.