“Tipificar por primera vez la violencia institucional y eliminar la barrera de edad para que los niños puedan ser escuchados en los procesos judiciales es, sin duda, el camino correcto. Es el comienzo de una transformación necesaria en la forma en que este país protege a su infancia”, señalaron desde la asociación en un comunicado compartido en redes sociales. "España necesita una ley específica contra el acoso escolar, una norma con nombre y contenido propio, que no se limite a declaraciones de buenas intenciones sino que establezca obligaciones reales, mecanismos de control y responsabilidades efectivas”, argumentaron.

La Lopivi, apuntaron “fue un gran avance, pero sigue siendo, en muchos aspectos, una ley declarativa según nos dijo la ministra en la reunión que tuvimos ayer con ella y su equipo, más simbólica que operativa, y eso lo cambiará al hacer que esas normas que ahora se desobedecen sin consecuencias sean de obligatorio cumplimiento”.

Desde Trencats afirmaron que “ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. Que cada centro educativo, cada administración y cada profesional tengan el deber legal —no solo moral— de actuar ante cualquier indicio de violencia o acoso".

Entienden que "proteger a la infancia no puede depender de la sensibilidad o voluntad individual de quien esté al mando: debe ser una cuestión de Estado, de ley y de justicia" y celebraron que la ministra "tomó conciencia y se puso a trabajar y aceleró los tiempos al ver que los suicidios de jóvenes seguían dándose", pero lamentó que todas las víctimas debieron ser "la última".

Además, añadieron que España “necesita la valentía” de la ministra Rego para construir “una verdadera ley de lucha contra el acoso escolar, firme, eficaz y de obligado cumplimiento. Los niños y niñas no pueden esperar más”.