La Guardia Civil y la Policía Nacional comenzaron la investigación de los hechos que ocurrieron frente a la costa de Cádiz, entre los términos municipales de San Fernando y Chiclana. Una embarcación de alta velocidad, de 12 metros de eslora y tres motores, con más de 30 migrantes hacinados a bordo, realizó un primer desembarco a la fuerza de migrantes frente a la playa de Camposoto, obligándoles a saltar al agua en una zona con fuertes corrientes y donde no hacían pie.

Una vez soltaron a la mayoría de ellos pusieron rumbo a la entrada del caño de Santi Petri. A bordo aún viajaban nueve personas que se habían aferrado a la embarcación ante el temor de abandonar la nave por no saber nadar. Todos ellos fueron obligados a saltar al agua a punta de machete, llegando a cortar varios cabos a los que varios se habían agarrado como única vía de salvación. Una vez se deshicieron de ellos abandonaron la zona a toda velocidad.

Varias personas que se encontraban en su embarcación de recreo vieron lo sucedido y se acercaron a socorrer a los migrantes ahogados, pudiendo salvar la vida de algunos de ellos, mientras que otros fallecieron.

LOZALIZAR LA EMBARCACIÓN

La operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, bautizada como ‘Phantom-Yamal’ ha permitido reconstruir el itinerario realizado desde Kenitra, en Marruecos, además del importe pagado por los migrantes, que oscilaba entre los 3.000 y 12.000 euros.

Los agentes consiguieron localizar la embarcación utilizada y documentos clave para esclarecer el homicidio múltiple. Con ello, este mes de marzo han detenido en tres registros domiciliarios en Cádiz y Granada a dos hombres, de 45 y 39 años de edad, uno de ellos el presunto patrón de la embarcación, y a una mujer, de 46. Se les acusa de delitos de organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidio, lesiones y contrabando.

Durante la investigación se ha contado con el apoyo técnico de la agencia Europol con dos analistas del centro europeo contra el tráfico ilícito de personas.

Esta operación, que sigue abierta y no se descartan más actuaciones, ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº3 de San Fernando con la colaboración de la Fiscalía de Cádiz y de los letrados de la Administración de Justicia.