Se trata del que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño, Carlos Mur y del máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (Summa112), Pablo Busca Ostalaza. Ninguno de los dos ha hecho acto de presencia en el juzgado que les investiga por posibles responsabilidades en las muertes de residentes mayores durante la pandemia.

Tan sólo ha acudido a los Juzgados de la Plaza de Castilla el sucesor de Mur al frente de la Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Martínez Peromingo, también investigado, y que ha culpado de los llamados “protocolos de la vergüenza” a su antecesor.

El juzgado ha intentado notificar la citación a ambos exaltos cargos hasta en cuatro ocasiones sin éxito y en este momento se encuentran en paradero desconocido, por lo que es muy probable que el instructor dicte orden de busca y captura en su contra.

Los tres exaltos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, habían sido citados a declarar desde este martes como imputados en dos juzgados de la región en relación con la gestión realizada en las residencias de mayores públicas de la comunidad durante la pandemia de covid-19.

Los investigados ya fueron citados en dos ocasiones anteriores, pero no llegaron a prestar declaración. Se investiga si cometieron un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid, un delito castigado por el artículo 511 del Código Penal.

La causa se había archivado de manera provisional, pero se reabrió el pasado 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial. El objetivo es que explique en sede judicial los protocolos que firmaron y que impedían la derivación de mayores residente en residencias a hospitales durante lo más crudo de la pandemia.

Los tres exaltos cargos estaban citados a declarar este martes como investigados en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid,donde se analiza la querella interpuesta por la familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo. El miércoles deberán comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba. En este caso, la querella fue presentada por la familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones. En los procedimientos judiciales también se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro.