Según informó este sábado el Instituto Armado, la 'operación Melin' ha sido realizada por agentes del Seprona de Cuenca y de otros municipios, con personal de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La investigación está dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cuenca.

Los encausados son el titular de una empresa, su mujer y el encargado de la misma, a los que se acusa de presuntos delitos contra los recursos naturales y el medioambiente, defraudaciones de fluido eléctrico y usurpación.

La Guardia Civil estima que el daño al dominio público hidráulico acumulado en este periodo alcanza una "importante cantidad monetaria".

Los agentes del Seprona, en colaboración con la Confederación del Júcar, llevaron a cabo inspecciones y labores de control e investigación criminal para luchar contra las captaciones ilegales de recursos hídricos.

Tuvieron conocimiento de que esta empresa efectuaba "aprovechamientos masivos de agua de forma ilegal" en un acuífero en mal estado cuantitativo, es decir, extraía más agua de la que el acuífero podía reponer de forma natural.

EXTRACCIONES CAMUFLADAS

Los investigados habrían enterrado las infraestructuras de riego y manipulado o inactivado los contadores volumétricos de los pozos para camuflar las extracciones, siempre según la Benemérita.

La empresa ostentaba la titularidad catastral de más de 400 hectáreas repartidas en 66 parcelas agrícolas. Tras inspeccionar los terrenos en enero, los agentes hallaron indicios de captación ilegal de agua en al menos la mitad de las fincas cultivadas. También localizaron 14 casetas con pozos anexos.

La Confederación del Júcar confirmó la ilegalidad de las captaciones y recordó que desde febrero está prohibido construir nuevos pozos en ese acuífero. En agosto, la Benemérita registró 14 inmuebles y comprobó que los pozos estaban operativos, lo que permitió estimar el volumen de agua sustraída ilegalmente.