"Esta exención se fundamenta en criterios fiscales objetivos y en el principio de proporcionalidad, sin menoscabo de los objetivos de control de la Administración", explicaron las tres patronales en una nota de prensa conjunta, en la que indicaron que Hacienda a de tener en cuenta las singularidades fiscales y operativas del comercio minorista de alimentación, a fin de evitar que la aplicación homogénea de la norma genere "efectos desproporcionados" que "comprometan la viabilidad de miles de establecimientos en toda España".

Para las tres patronales, la Administración no ha tenido en cuenta a los comercios que venden mediando una báscula. "En los comercios de alimentación especializada, la venta se realiza habitualmente mediante básculas homologadas integradas con sistemas de TPV. La adaptación de estos equipos a los requisitos Verifactu implica inversiones elevadas en hardware y software, sustitución de equipos plenamente operativos y mayor complejidad técnica que en otros sectores minoristas", indicaron las tres patronales, que consideraron que este sobrecoste diferencial debería de ser tratado de forma específica.

Asimismo, señalaron que "una parte muy significativa del comercio minorista de alimentación" está acogida al Régimen Especial del Recargo de Equivalencia del IVA. "Estas empresas no presentan autoliquidaciones periódicas de IVA, no deducen el impuesto soportado y en el desarrollo ordinario de su actividad minorista, una parte relevante de las operaciones no exige la expedición de facturas. Si bien pueden existir supuestos puntuales en los que, si deban emitir facturas a empresarios o profesionales, la aportación de este colectivo al control del fraude fiscal es limitada, al desplazarse dicho control a los proveedores mayoristas", explicaron.

OTRAS MEDIDAS

Además de la exención de estos colectivos, las tres patronales reclamaron un tratamiento específico para ventas mediadas por báscula. "Para aquellos supuestos en los que no resulte aplicable la exclusión anterior, se propone el establecimiento de régimen técnico específico para ventas mediante báscula o una moratoria ampliada hasta que existan soluciones homologadas plenamente operativas y de coste asumible", indicaron.

Asimismo, pidieron la entrada en vigor de la norma escalonada para el resto de las empresas, basada en parámetros objetivos como el régimen fiscal aplicable, volumen de facturación anual y la existencia o no de facturación a empresarios o profesionales.

También pidieron deducciones fiscales específicas en el IRPF, vinculadas exclusivamente a las inversiones necesarias para la adaptación a VeriFactu y subvenciones directas para la adquisición y adaptación de software, TPV y básculas. Asimismo, pidieron líneas de financiación bonificada accesibles a microempresas y autónomos.

"Estas propuestas buscan garantizar que nadie quede atrás y que la aplicación de VeriFactu sea compatible con la supervivencia de todos los sectores que componen el tejido empresarial español, y especialmente de las microempresas de artesanía alimentaria, garantes de un estilo de vida y de una dieta saludable", aclararon las tres patronales.