Así lo anunciaron este jueves dichas organizaciones, que alertaron sobre las graves irregularidades y el impacto excluyente de este proyecto por favorecer a las grandes empresas del sector.

El Tribunal ha fundamentado su decisión en la necesidad de evitar perjuicios que podrían ser de "difícil o imposible reparación" si el procedimiento de contratación continuara su curso antes de resolver el fondo de la reclamación.

Con esta medida, el proceso de licitación queda bloqueado hasta que se dicte una resolución definitiva. El conflicto nace de la intención de Renfe de constituir una sociedad mixta (51% adjudicatario, 49% Renfe) para gestionar sus servicios alternativos por carretera.

Las organizaciones denunciantes consideran que los requisitos de solvencia técnica y económica impuestos resultan "totalmente desproporcionados" y suponen un ataque directo a la libre competencia.

En concreto, entre las condiciones exigidas figuraban contar con una flota de 500 vehículos en propiedad (o 300 en UTE), una cifra de negocio superior a 75 millones de euros y haber ejecutado contratos similares por valor de al menos 35 millones.

En España, donde el 60% de las 2.700 empresas de transporte de viajeros son microempresas (menos de 10 autobuses), estas exigencias dejan fuera al 99% del tejido empresarial del sector.

“No entendemos por qué Renfe pretende crear una estructura nueva y rígida en lugar de apoyarse en la capilaridad y eficiencia de las pymes españolas", señalan desde ambas organizaciones, que exigen “una licitación transparente que garantice la participación real de todo el sector y no solo de un puñado de grandes corporaciones”.