El Constitucional, tras haber invocado el Gobierno en su demanda el artículo 161.2 de la Constitución, ha acordado suspender la vigencia y aplicación de la ley impugnada, desde la fecha de interposición del recurso (9 de junio de 2026) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

El presidente del Gobierno plantea que la citada norma podría ser contraria a los artículos 15 y 10.1 de la Constitución por la derogación del estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Asimismo, el demandante sostiene que la ley impugnada podría infringir el orden constitucional de distribución de competencias, en particular los artículos 149.1.1 y 149.1.30 CE, así como el principio de colaboración Estado-comunidades autónomas.