El real decreto, que entrará en vigor mañána, incluye para el personal de alta dirección y dirección de la Casa del Rey la obligación de presentar una declaración de bienes y derechos en el plazo de tres meses desde su nombramiento y cese, respectivamente.

Incorpora, además, la publicidad a los principios que deben guiar la actividad contractual de la Casa del Rey, lo que se traducirá en la aprobación de unas nuevas Instrucciones de contratación, que se publicarán en su página web.

Y de modo análogo, las disposiciones reguladoras del procedimiento presupuestario y de contabilidad, “reflejo tanto de la autonomía presupuestaria, como del respeto a las técnicas y principios propios del sector público”, serán objeto se publicación en la web de la Casa del Rey.

Por último, respecto al control externo, que viene realizando la Intervención General de la Administración del Estado desde el ejercicio económico de 2015, “se ha considerado conveniente que, al ser la Casa de Su Majestad el Rey un órgano de relevancia constitucional integrado en el Estado, la auditoría de sus cuentas sea llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas, en los términos que se acuerden entre ambos organismos a través de la formalización de un convenio de colaboración".

Añade el texto que se hará “respetando al mismo tiempo las especialidades competenciales y procedimentales que vienen impuestas por los principios establecidos en el título II de la Constitución Española y, en particular, por las previsiones contenidas en sus artículos 56 y 65”.

MODERNIZACIÓN

El objetivo del real decreto es “continuar el proceso de modernización iniciado en el año 2014 y ahondar en el reforzamiento de los principios de transparencia, rendición de cuentas y publicidad, en línea con el compromiso de la Corona con la sociedad de observar una conducta íntegra, honesta y transparente", según se expone en el texto que hoy publica el BOE.

Por una parte, se incorporan al real decreto los criterios de actuación aprobados por Felipe VI “referidos a su Casa, así como aquellos otros referidos a su Familia que requieren una actuación de su Casa al efecto”.

En este sentido, se establece que el personal de la Casa del Rey ejercerá sus funciones con sujeción a su Código de Conducta, que está integrado por los principios generales recogidos en el real decreto y los criterios de actuación que se deberán aprobar en su desarrollo.

En relación con los Convenios de colaboración suscritos por la Casa del Rey en el ámbito de la Administración General del Estado, se incorpora al texto del real decreto el asesoramiento jurídico por parte de la Abogacía General del Estado.

También se contempla la posibilidad de que pueda suscribir Convenios de colaboración con otras entidades públicas yse detalla la información de distinta naturaleza que, con carácter periódico, debe ser objeto de publicación en la web de Casa Real.

Asimismo, y en relación con la normativa establecida por el Rey sobre regalos a favor de los miembros de la Familia Real, inspirada en los principios establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, se especifican las actuaciones que corresponden a la institución relativas al registro y custodia de los mismos, así como concretas líneas de actuación tendentes a la difusión y publicidad periódica de los regalos que les hayan sido entregados.

Por otra parte, se toman medidas encaminadas a garantizar la coordinación y eficacia de la Casa del Rey para la mejor prestación de los servicios o a vincular el ejercicio de determinados cargos a la función pública.

De este modo, se incorpora de manera expresa al Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, la competencia del jefe de la Casa para asignar funciones al personal integrado en la Secretaría General, Cuarto Militar y Guardia Real, así como la prestación de apoyos funcionales entre esos órganos, cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento de las misiones asignadas.

Además, se incluye expresamente dentro de los cometidos de la Guardia Real la prestación de la asistencia sanitaria a la Familia Real que el servicio sanitario de la Guardia Real comenzó a proporcionar en 1999, previo acuerdo con el Ministerio de Defensa.

Asimismo, se modifica la disposición relativa al control de la Casa del Rey, incorporando, en cuanto al control interno, la necesidad de que el titular de la Oficina de Intervención sea un funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Finalmente, se modifica la disposición relativa a la asistencia a la Casa del Rey en el ámbito de las relaciones internacionales, para precisar que el consejero diplomático pertenecerá a la Carrera Diplomática.

PATRIMONIO

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, expuso ayer estos detalles durante la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa junto a la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, al día siguiente de que el rey Felipe VI desvelara que tiene un patrimonio de 2.573.392,80 euros, de los cuales 2.267.942,80 euros corresponden a depósitos en cuenta corriente o de ahorros y valores y 305.450,00 a objetos de arte, antigüedades y joyas.

Bolaños calificó de “muy relevante” este gesto del jefe del Estado antes incluso de que el Ejecutivo aprobara el real decreto que plasma de forma oficial por escrito y con rango legal “muchas prácticas que se estaban haciendo e introducir otras nuevas” que mejoren la transparencia de la Jefatura del Estado.

Reconoció que la publicación del patrimonio ha sido “a iniciativa propia” de Felipe VI porque el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros no le obliga, por lo que será “el propio monarca” quien irá dando a conocer sus posesiones personales “con la periodicidad” que desee. Sólo los altos cargos que trabajan con los monarcas deberán hacerlo.