El órgano fiscalizador analiza esta cuestión en el ‘Informe de la situación y resultados a 31 de diciembre de 2024 de los avales del Estado concedidos a empresas y autónomos por medio de las líneas del Instituto de Crédito Oficial para hacer frente al impacto económico y social del covid-19’.

En este análisis, recogido por Servimedia, se afirma que el ICO debe revisar los sistemas de bloqueo de clientes y el control de operaciones con indicios de fraude, con el fin de que estas situaciones puedan analizarse en plazos razonables y se impidan bloqueos sin resolver y otras incidencias.

A este respecto, durante la pandemia, el organismo crediticio estatal detectó 33 operaciones correspondientes a trece clientes bloqueados en las que la primera comunicación del impago fue posterior al bloqueo de la operación. En 22 de estas operaciones se abonaron los avales correspondientes por un importe de 2.325.400 euros.

Por este motivo, el Tribunal de Cuentas recomienda al ICO, para la gestión de posibles futuras líneas de avales, "la revisión de los sistemas de bloqueo de clientes y control de operaciones con indicios de fraude, de forma que estas situaciones se puedan analizar en plazos razonables y se impidan bloqueos sin resolver y las demás incidencias que se señalan en este informe".

ZAPATERO Y EL ICO

También se recomienda a la entidad crediticia establecer controles complementarios a las validaciones automáticas para la aprobación de extensiones o modificaciones de operaciones en futuras líneas de avales. Estos controles deberían incluir la revisión del contenido de la documentación exigida y cargada, ya que las validaciones automáticas actuales "no fueron suficientes para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos para la extensión de las operaciones exigidos por el Real Decreto-ley 34/2020".

Otra recomendación clave es la agilización de los procedimientos de revisión de las operaciones para evitar la acumulación de retrasos y los efectos indeseados que de ellos se derivan. El informe señala que, a partir de 2021, "el aumento del volumen de operaciones con impagos provocó retrasos en su verificación, lo que llevó al abono de avales en operaciones que posteriormente fueron invalidadas".

Se da la circunstancia de que, según figura en un informe de la UDEF en la causa en la que se investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la aerolínea Plus Ultra intentó conseguir uno de estos avales del ICO antes de apostar por un préstamo de la SEPI, algo que finalmente logró.

En concreto, se apunta que el accionista de Plus Ultra comentó que Zapatero podía ayudarles con estos avales. Los agentes sostienen que el intento de lograr esta vía de financiación "comportó actuaciones al más alto nivel, constatándose la conexión con altos ejecutivos de entidades financieras". Finalmente, la aerolínea no consiguió esta línea de liquidez dada la posición contraria de los bancos a los que se dirigió.