Según informó el TCu, se trata de un juicio contable del que ha informado el órgano fiscalizador. Se trata de una vista del procedimiento de reintegro del dinero desviado, en el que se practicarán las pruebas de interrogatorio de parte y testigos que ya fueron admitidas en la audiencia previa que se celebró el pasado mes de diciembre.

En este procedimiento contable se acusa a Puigdemont, su predecesor como presidente catalán Artur Mas y una treintena de ex altos cargos catalanes, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Tras la vista, la causa quedará vista para sentencia.

La Fiscalía reclama 3,4 millones de euros de forma conjunta y solidaria a todos ellos, mientras que la acusación ejercida por Sociedad Civil Catalana (SCC) defiende que 11 de los encausados deberían ser condenados a devolver a las arcas públicas cinco millones de euros. La Abogacía del Estado se retiró anteriormente de este procedimiento.

El procedimiento se inició en abril de 2019, tras la aprobación por el Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización sobre el destino de los recursos asignados a la ejecución de políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña entre los años 2011 y 2017.

JUICIO POR MALVERSACIÓN Y POLÉMICA

En enero de 2020, el órgano fiscalizador concluyó el acta de liquidación provisional complementaria por la presunta malversación de fondos para la organización del referéndum del 1-O y fijó una fianza de 4.146.274,97 euros que los presuntos responsables contables ya garantizaron con el fin de evitar el embargo de bienes ante una posible futura condena.

Hubo una segunda liquidación provisional en junio de 2021, por el dinero destinado a las denominadas embajadas catalanas y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, por un importe de 5.422.879,48 euros. Esta fianza fue aportada mediante un aval de la Generalitat de Cataluña, que en un primer momento fue rechazado por la delegada instructora, Esperanza García, pero que finalmente fue aceptado por la Sala de Enjuiciamiento.

Este juicio, cuya fecha se fijó en el mes junio, va a coincidir en el tiempo con la investidura de Pedro Sánchez y la polémica que ha desatado el acuerdo del PSOE con Junts y con ERC sobre una futura ley de amnistía.