Las fiscalizaciones que corresponde realizar por mandato legal tienen un ámbito muy definido, como es la Cuenta General del Estado, las Cuentas Generales de las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio y de las Ciudades Autónomas, las cuentas anuales de los partidos políticos y aportaciones percibidas por sus fundaciones y entidades vinculadas, y las contabilidades electorales correspondientes.

En las fiscalizaciones programadas a iniciativa propia, el Tribunal sigue apostando por el impulso de las fiscalizaciones fundamentalmente operativas en relación con las grandes políticas públicas, en algunos casos incluyendo un enfoque evaluador. Estas fiscalizaciones, sobre aspectos más cercanos a los intereses y preocupaciones de la ciudanía, se complementan con las tradicionales fiscalizaciones sobre contratación, subvenciones, empresas públicas, entidades y procedimientos de todo tipo, que tienen como objetivo la realización de un análisis más tradicional (de cumplimiento de la normativa y financiero).

En el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos, las nuevas iniciativas más destacables se refieren a los planes de impulso y modernización de la formación profesional, el diseño y ejecución de la política de acceso a la vivienda, a los préstamos en el marco de los programas de apoyo a innovación, sostenibilidad y transformación digital de la industria, la bonificación en el precio de venta al público de determinados productos energéticos y aditivos (Real Decreto-ley 6/2022) o el servicio de cita previa del Servicio Público de Empleo Estatal.

SEGURIDAD SOCIAL

En cuanto a la Seguridad Social, como novedades destacan las fiscalizaciones de la atención al ciudadano en el ámbito de las entidades del Sistema y del área de empleo y desempleo gestionada por el Instituto Social de la Marina.

Las nuevas actuaciones en el ámbito empresarial estatal se refieren, entre otras, a los procedimientos de gestión implantados por Red.es y Puertos del Estado para la ejecución de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a la actividad de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo en la ejecución de vivienda pública o a la situación económico-financiera de Correos y Telégrafos. En el ámbito fundacional estatal se ha previsto una nueva actuación para el seguimiento de las recomendaciones formuladas con anterioridad a la Fundación del Teatro Real.

Las nuevas propuestas se completan, en lo que atañe al sector público estatal, con la fiscalización del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado, además de dos actuaciones sobre los Consorcios Centro Sefarad-Israel y Casa Árabe.

En lo tocante al sector público autonómico, las principales novedades están constituidas por la fiscalización de la gestión de los conciertos educativos vigentes durante el curso escolar 2023-2024, los gastos farmacéuticos hospitalarios, la contratación de las entidades de ámbito cultural y de las universidades (en todos estos casos en Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio). También se prevé analizar la promoción y gestión de viviendas de protección pública, así como hacer el seguimiento de las recomendaciones realizadas en el ámbito de las medidas adoptadas para la implementación del PRTR, así como en materia de atención a las personas en situación de dependencia.

Entre las nuevas propuestas en el terreno de lo local, destacan, principalmente, las referidas a las actuaciones de los municipios beneficiarios de las subvenciones destinadas a fortalecer la actividad comercial en zonas turísticas (en el marco del PRTR), al establecimiento de zonas de bajas emisiones en los municipios, a las políticas de promoción y gestión de la vivienda de protección pública en determinados ayuntamientos y a las subvenciones concedidas por determinadas diputaciones provinciales a los municipios.

También destacan las fiscalizaciones sobre las medidas implantadas para la protección del informante, sobre el proceso de reordenación del sector público institucional local y una moción sobre la modificación del régimen jurídico de las dotaciones económicas asignadas por las Entidades Locales a los grupos políticos.

En cuanto a los partidos políticos, se incluye, a iniciativa del TCu, una nueva fiscalización focalizada en el cumplimiento del principio de transparencia. Además, el Tribunal seguirá prestando especial atención, con carácter transversal en sus fiscalizaciones, al desarrollo de las políticas de igualdad efectiva de mujeres y hombres, al cumplimiento de la normativa sobre transparencia y a la sostenibilidad ambiental.

Por último, y con independencia de lo anterior, entre las actuaciones fiscalizadoras que se anexan al Programa, destacan, en el ámbito nacional, la Auditoría de las cuentas anuales formuladas por la Casa de Su Majestad el Rey, y en el ámbito internacional, las Auditorías externas de la Organización Europea para la explotación de satélites meteorológicos (Eumetsat) y del Observatorio Europeo Austral (ESO), las participaciones en los Colegios de Auditores del Fondo Europeo de apoyo a la Paz y de la Organización Conjunta de Cooperación en materia de Armamento (Occar), y la participación nacional en el Proyecto del Avión de Combate Europeo (Eurofighter).