Con esta decisión, el Tribunal de Estrasburgo se compromete a estudiar un contencioso que supondría un coste a las arcas del Estado de unos 3.000 millones de euros, que tendrían que abonarse a los ochocientos mil funcionarios que trabajaban en el periodo 1995-1997 para el Estado, según estipulaba el acuerdo alcanzando por el Gobierno del PP con los sindicatos en 1994.

La denuncia de CCOO, que ha recorrido todas las instancias judiciales antes de llegar al máximo órgano de justicia de la Unión Europea, es fruto de la decisión del antiguo Gobierno de PP de paralizar la subida de los funcionarios de acuerdo con el IPC de aquéllos años.

Según los antecedentes de este contencioso, la Audiencia Nacional dio la razon al sindicato al afirmar que el Gobierno no podía romper de manera unilateral el acuerdo suscrito en el diálogo social.

Sin embargo, esta sentecia fue recurrida por los abogados del Estado, que la llevaron al Tribunal Supremo, que anuló la decisión de la Audiencia. CCOO acudió entonces al Constitucional español, que no lo admitió a trámite, por lo que tuvo que llegar hasta Estrasburgo, que ahora admite el recurso.