Correos tiene derecho a una compensación por la carga financiera injusta que para ella se deriva de la prestación de la obligación de servicio universal. Los recursos fueron presentados por la Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre) y por la patronal logística UNO, que integra operadores postales privados de España titulares de una autorización administrativa singular que les permite prestar servicios incluidos en el ámbito del servicio postal universal.

El 14 de mayo de 2020, la Comisión adoptó una Decisión en la que declaró que las compensaciones otorgadas por España a Correos por la prestación de la obligación de servicio universal durante el período comprendido entre 2011 y 2020 debían calificarse de ayudas de Estado.

La Comisión añadió que, al haberse abonado a Correos una parte del importe de 1.280 millones de euros antes de la notificación, España no había respetado la obligación de suspensión, por lo que dichas ayudas eran ilegales.

Sin embargo, la Comisión consideró que los cálculos del coste evitado neto ('net avoided cost') del servicio postal universal presentaban una estimación fiable y conservadora de la carga soportada por Correos por la prestación de la obligación de servicio universal, de modo que no había riesgo de compensación excesiva y que las compensaciones así concedidas no podían falsear la competencia.

Por ello, la Comisión concluyó que las compensaciones otorgadas a Correos, pese a ser ilegales porque se había abonado a Correos una parte de los 1.280 millones de euros antes de la notificación, constituían una ayuda estatal compatible con el mercado interior.

Asempre y UNO interpusieron ante el Tribunal General sendos recursos contra esta Decisión de la Comisión de mayo de 2020. El Tribunal General declaró inadmisibles ambos recursos, pues consideró que tanto Asempre como UNO carecían de legitimación activa para impugnar la Decisión de la Comisión.