El auto, fechado el pasado viernes, Día Mundial del Medio Ambiente, da la razón a Ecologistas en Acción, que recurrió la norma al considerarla un "fraude de ley diseñado a medida" para excluir ese 'resort' del espacio protegido y, de este modo, intentar legalizar el complejo turístico Isla Marina de Valdecañas.

Los magistrados de la Sala subrayan la falta de credibilidad de la justificación técnica esgrimida por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. Mientras la Junta sostenía que el decreto solo pretendía "corregir errores cartográficos" derivados de imprecisiones en mapas en papel, el Tribunal concluye: "No apreciamos una justificación técnica y ambiental real para el cambio de delimitación que realiza el Decreto, que va más allá de una corrección de errores con apariencia". "Resulta evidente que el nuevo decreto puede hacer extremadamente difícil ejecutar las sentencias firmes", añade.

El Tribunal califica la operación de "extemporaneidad" y señala que el alcance de la norma es otro: "La exclusión de la zona ZEPA de la Isla Valdecañas puede suponer en definitiva un atajo para resolver otros problemas".

Y considera "evidente que existe el 'periculum in mora' ya que, si el Decreto entra en vigor, el fundamento de la orden de demolición podría suponer la apertura de un nuevo frente litigioso, lo que afecta a la ejecución de sentencias firmes".

SIN FIANZA

Uno de los aspectos más destacados del auto es que exime a Ecologistas en Acción de prestar cualquier tipo de caución (fianza) para que la suspensión sea efectiva.

El Tribunal fundamenta esta decisión en que la medida cautelar tiene "como finalidad la protección de un bien colectivo como es el medio ambiente", y que la organización recurrente actúa en ejercicio de una acción popular.

"El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desnudado por completo la maniobra de la Junta. No estamos ante una corrección técnica, sino ante un fraude de ley en toda regla. La Sala habla de 'atajo', de 'extemporaneidad' y de ausencia de justificación ambiental real", apunta Jaime Doreste, abogado ambientalista y profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico de la Universidad Autónoma de Madrid, que defiende a Ecologistas en Acción tanto en este recurso como en el procedimiento de ejecución de la demolición del complejo.

Doreste subraya al respecto: "Es la constatación judicial de que el decreto se redactó en un despacho, no sobre el terreno, con un único objetivo: intentar rescatar urbanísticamente la Marina de Valdecañas a costa de violar el Estado de Derecho".

Agrega que "esta suspensión no es la sentencia final, pero es un golpe casi definitivo a las pretensiones de la Junta". "El decreto está ahora paralizado, no puede surtir efectos, y la ZEPA mantiene su integridad. Además, el hecho de que el tribunal haya eximido a Ecologistas en Acción de prestar caución tiene una enorme relevancia: significa que considera el interés público ambiental como prevalente sobre cualquier interés económico o patrimonial".

"Ahora toca ir a la sentencia de fondo para que se declare la nulidad radical del decreto, y exigir de una vez por todas que se ejecute la demolición. Ni una piedra se ha movido aún, y eso es ya una vergüenza nacional", recalca.

Para Julio César Pintos, coordinador regional de Ecologistas en Acción de Extremadura, "la Junta ha sido pillada 'in fraganti'". "Durante casi dos décadas ha desplegado una estrategia obstruccionista: primero, el PIR (Proyecto de Interés Regional) nulo; luego, la ley a medida; ahora, este decreto 'blanqueo'. El auto deja claro que los tribunales no están dispuestos a tolerar que se utilicen procedimientos cartográficos pretendidamente neutros para vaciar de contenido sentencias firmes del Supremo", apostilla.

CASI DOS DÉCADA

Ecologistas en Acción recordó este lunes que el complejo 'Marina de Valdecañas -que incluye hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones anexas- continúa plenamente operativo pese a llevar 19 años declarado ilegal.

El Tribunal Supremo ya sentenció que la totalidad de las construcciones deben ser demolidas y el terreno restaurado a su estado original. Sin embargo, ni la Junta de Extremadura, ni los ayuntamientos de Berrocalejo y El Gordo, ni la promotora han ejecutado el fallo.