Esta sentencia podría suponer un cambio de paradigma en la manera en la que el Estado afronta su obligación de mitigar el cambio climático en España, según apuntó este lunes Greenpeace, una de las organizaciones demandantes.

En concreto, un fallo a favor de la demanda podría obligar al Estado a incrementar el objetivo de reducción de emisiones para 2030: del actual 23% contemplado en el vigente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) con respecto a 1990 hasta el 55% solicitado por las organizaciones demandantes, sobre la base de los informes del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) y el Acuerdo de París para no sobrepasar el umbral de 1,5 grados de calentamiento de la temperatura media del planeta en comparación con los niveles preindustriales.

"Una sentencia estimatoria del Juicio por el Clima será no solo un éxito en la lucha judicial contra el cambio climático, sino que también sentará un enorme hito en el Derecho español con respecto a las obligaciones de los poderes públicos de salvaguarda del patrimonio natural y la calidad ambiental, y el deber de cuidado y garantía de los derechos humanos", según Jaime Doreste, abogado de las organizaciones demandantes.

Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón iniciaron en septiembre de 2020 el primer litigio climático en España al demandar al Gobierno ante el Tribunal Supremo por incumplimiento de las obligaciones climáticas del Estado sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en línea con el Acuerdo de París.

En concreto, el litigio climático se fundamenta en que España incumplió dos compromisos que la UE obligaba a presentar como muy tarde el 31 de diciembre de 2019: un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una estrategia de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050.

Tras la aprobación del PNIEC por parte del Gobierno, Fridays For Future (FFF) y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo se sumaron en marzo de 2021 para plantear en junio de ese año un nuevo recurso contra el contenido de ese Plan que denunciara la falta de ambición y el incumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones adquiridos con la firma del Acuerdo de París.

OTROS CASOS

La aprobación de la Ley de Cambio Climático y del PNIEC supuso un importante avance frente a las políticas de gobiernos anteriores, pero, según las organizaciones demandantes, “siguen sin contener la ambición que se necesita para cumplir con el Acuerdo de París y evitar las peores consecuencias del cambio climático”.

Esta demanda es la primera de España y sigue la estela de otros procesos judiciales en Europa, como Países Bajos, Francia o Alemania, donde otras Cortes Supremas han condenado a los Estados y los han obligado a actuar con mayor ambición climática.

Lorena Ruiz-Huerta, abogada de las organizaciones demandantes, apunta que la demanda se sustenta “sólidos argumentos jurídicos” que recogen la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; las referencias al derecho comparado de las sentencias del caso Urgenda (Países Bajos), Nebauer (Alemania), L’Affaire du Siecle (Francia), y la “mejor evidencia científica”, desde los informes del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y el IPCC a los inventarios nacionales de emisiones, informes de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) y “herramientas de reparto justo de esfuerzos".

Las cinco organizaciones demandantes confían en que el Tribunal Supremo reconozca la obligación que tiene el Estado de proteger a la ciudadanía frente a los efectos de la crisis climática, con una sentencia que exija al Gobierno que apruebe una reducción de emisiones “mucho más ambiciosa”, como apuntan informes científicos.

Por último, las organizaciones demandantes reclaman a los partidos que se presentan a las elecciones generales del próximo 23 de julio que expresen “claramente” su compromiso con el clima y con las medidas que la ciencia destaca como imprescindibles: acelerar las políticas climáticas para reducir las emisiones de efecto invernadero un 55% antes de 2030 con respecto a 1990.