Trillo prosiguió diciendo además que si se excluyeran estos ocho grandes programas (fragatas F-100, aviones Eurofighter y A400M, carros de combate Leopard y Pizarro, helicópteros Tigre, submarinos S80 y buque multipropósito), "no se habría conseguido financiar ni siquiera el 15% de los restantes programas" con lo obtenido por la venta de terrenos.

Para el ministro, las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre la financiación de los grandes programas de armamento recientemente aprobados por el Ejecutivo mediante la venta de propiedades son "sesgadas, malintencionadas y falsas", y que han sido utilizadas para "tratar de zaherir al Ejecutivo".

A preguntas de los senadores Doménec Sesmilo, de CiU, y Eduardo Cuenca, de IU, Trillo expuso que las enajenaciones obedecen a la reestructuración de las Fuerzas Armadas y están basadas e una ley de 1984, impulsada por la entonces mayoría absoluta del PSOE.

Según lo previsto en esta ley, se trata de "cambiar activos de carácter inmobiliario por otros activos para el Ministerio, como infraestructuras, armamento, material, sistemas, etcétera. Normalmente el Ministerio de Defensa lo hace por medio de acuerdos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos y procurando mantener la finalidad del bien, ya sea hospitalaria, cultural o de suelo".

En este último caso, siempre se procur garantizar la construcción mayoritaria de viviendas de protección oficial, aseguró el ministro. De hecho, desde 1996, el 66% viviendas construidas sobre terrenos militares son protegidas, mientras que el 34% restante es de precio libre. Para ello, desde ese año, Defensa ha sucrito un total de 119 convenios con entidades autonómicas y locales.