Ambas autonomías recurrieron determinados aspectos del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, conocido como “Real Decreto de regularización de extranjeros”, por el que se modifica un Real Decreto de 2024 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

En dichas providencias se da traslado a las partes para que, en el plazo común e improrrogable de cinco días, puedan expresar su parecer acerca de la procedencia de formular ante el TJUE cuestión prejudicial interpretativa en relación con una serie de extremos del Real Decreto que, en su caso, podrían entrar en conflicto con el Derecho de la Unión Europea.

Estas providencias han sido dictadas por la Sala antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por las comunidades autónomas indicadas. De este modo, el Supremo abre la puerta a una posible reprobación de la norma del Gobierno.