Casero fue alcalde de la ciudad extremeña de Trujillo entre los años 2011 y 2019 y está acusado de prevaricación por su gestión. El magistrado Andrés Palomo considera que hay indicios de que el edil popular firmó contratos y convenios que "incumplían todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en casa caso".

Al tratarse de un aforado, el magistrado envió un suplicatorio al Congreso de los Diputados que fue aprobado el pasado 6 de octubre y que ha sido remitido este miércoles al Supremo. Según el magistrado, las contrataciones en el Ayuntamiento de Trujillo se guiaban por unos mecanismos que se basaban en “la elusión de mecanismos de control”.

Por su parte, la defensa del diputado sostiene que en caso de haber alguna irregularidad se trataría de meros fallos administrativos y pide que se archive el procedimiento.