La ONG denunció que, bajo la “excusa técnica” de adecuar los límites a la cota máxima de llenado del embalse, el decreto “excluye deliberadamente” la isla de Valdecañas de la ZEPA para legalizar el complejo turístico, cuya demolición total ha sido ratificada en varias ocasiones por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Han transcurrido 19 años desde el inicio del procedimiento judicial contra el Proyecto de Interés Regional ‘Marina de Valdecañas’, 15 años desde que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anulara el PIR (Proyecto de Interés Regional) y 11,5 años desde que se iniciara la ejecución de las sentencias.

“A pesar de ello, el complejo -que incluye hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones anexas- continúa plenamente operativo”, recordó este miércoles Ecologistas en Acción.

“INEVITABLE E INSOSLAYABLE”

El Tribunal Supremo sentenció que "el hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento… deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones".

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha inadmitido o rechazado todos los recursos de amparo presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de Berrocalejo y El Gordo, y las comunidades de propietarios del complejo. Pese a ello, la demolición, jurídicamente "inevitable e insoslayable", sigue sin ejecutarse, apuntó Ecologistas en Acción.

“Nos encontramos ante un escenario inaudito: 19 años después, la legalidad sigue sin restaurarse. Ni la Junta de Extremadura, ni los ayuntamientos implicados, ni por supuesto la promotora, han movido un dedo, no ya para demoler, sino siquiera para iniciar la restauración ambiental del entorno”, lamentó Julio César Pintos, coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura.

Pintos añadió que “ni una piedra se ha movido”: “Todo lo contrario, han desplegado una intensa actividad obstruccionista, jurisdiccional y de todo tipo, para impedir el cumplimiento de los fallos judiciales. Este nuevo decreto no es más que el último y más burdo intento de sortear la acción de la Justicia”.

“FRAUDE DE LEY”

La organización ecologista sostiene que el Decreto 180/2025 carece de justificación técnica objetiva y ha sido diseñado “a medida” para excluir de la protección ambiental la superficie terrestre donde se asienta el complejo.

Al sacar la isla de Valdecañas de la ZEPA, la Junta de Extremadura pretende eliminar el principal obstáculo ambiental que pesa sobre la legalización de unas construcciones declaradas ilegales, facilitando así una hipotética regularización que blindaría el complejo y evitaría la demolición.

Jaime Doreste, abogado ambientalista y profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que defiende a Ecologistas en Acción tanto en este nuevo recurso, calificó el decreto como “un fraude de ley en toda regla”.

“Lo que pretende la Junta de Extremadura es utilizar una redelimitación de la ZEPA de carácter pretendidamente técnico para vaciar de contenido sentencias firmes que llevan años exigiendo la demolición. No se trata de ajustar los límites a una cota de embalse porque la isla de Valdecañas es un terreno emergido permanentemente, no una superficie inundable”, añadió.

Doreste subrayó: “Este decreto busca desproteger el espacio para, a continuación, argumentar que ya no existen valores ambientales que impidan la legalización. Es un ataque directo al Estado de Derecho y a la eficacia de la justicia. Hemos recurrido ante los tribunales para que paralicen de inmediato esta maniobra y exijan el cumplimiento íntegro de las sentencias, que incluye la demolición de todo el complejo y la restauración de la legalidad urbanística y ambiental”.

Con todo, Ecologistas en Acción exigió a la Junta de Extremadura “el cese inmediato de cualquier acción encaminada a eludir el cumplimiento de las sentencias y el inicio efectivo de los trabajos de demolición y restauración ambiental de la isla de Valdecañas”.