El órgano de gobierno de los jueces valencianos ha dictado este acuerdo tras recibir un escrito de la magistrada titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción de Catarroja, en la que solicitaba la adopción de medidas de seguridad tras la celebración de una concentración de protesta a las puertas de la sede judicial el pasado viernes.

La Sala de Gobierno entiende que las circunstancias expresadas en el escrito por la instructora “pueden afectar tanto al adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, como a aspectos relacionados con la seguridad del edificio judicial y de las personas que prestan servicio en el mismo”, lo que exige “una actuación coordinada y una adecuada interlocución con las administraciones competentes para su pronta solución”.

El Pleno se remite a un acuerdo anterior adoptado por la propia Sala el pasado 23 de julio, con motivo del regreso de todos los órganos judiciales de Catarroja, incluido el que tramita la causa de la dana, a su propia sede, tras su rehabilitación.

En dicho acuerdo, en cuanto a las medidas de seguridad, se estableció que la Presidencia del Tribunal de Instancia, en el ámbito de sus competencias gubernativas, deba solicitar a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana que provea “los efectivos policiales necesarios para garantizar la seguridad del edificio y el orden público”.