La sentencia, a la que tuvo acceso este miércoles Servimedia, ordena a la OCI, organismo dependiente del Ejecutivo, a reabrir la investigación y analizar si Sánchez incurrió en una posible incompatibilidad al intervenir en los Consejos de Ministros que aprobaron ayudas millonarias a la aerolínea.

Según el PP, el presidente debió abstenerse al tratarse de una empresa que, según informaciones periodísticas, financiaba una cátedra universitaria vinculada a su esposa desde 2018, apenas un mes después de su llegada a La Moncloa. El partido cifra en 795 millones de euros el total de fondos públicos que recibió Air Europa durante la legislatura, incluidos los 475 millones del rescate autorizado en 2020 a través del fondo estatal para empresas estratégicas.

La Oficina de Conflictos de Intereses archivó inicialmente el expediente tras recibir un escrito del gabinete de Sánchez en el que se afirmaba que Begoña Gómez “no ha mantenido ni mantiene relación laboral o profesional alguna con Air Europa ni con Globalia”, su matriz. El PP recurrió entonces a los tribunales, que ahora obligan a reabrir el caso para examinar si hubo vulneración de la Ley de Altos Cargos, que regula los supuestos de abstención en casos de conflicto de interés.

El fallo del TSJM no entra en si existen o no indicios penales, pero considera que debe evaluarse si la actuación del presidente pudo contravenir la normativa administrativa vigente.

Primero, porque “no se ha producido actividad material de investigación por parte de la OCI” cuando “los hechos que se denuncian requieren una actividad mínima de investigación” y no solo una solicitud de información al gabinete de Sánchez para conocer la relación entre Begoña Gómez y Air Europa.

Y, en segundo lugar, porque el PP está “legitimado” para denunciar indicios de posibles irregularidades, aunque no para exigir una sanción, en contra de lo alegado por la Abogacía del Estado.

La sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante la Sala en el plazo de treinta días. El procedimiento seguirá así previsiblemente en manos de la OCI, que tendrá ahora que mover ficha.

SATISFACCIÓN EN EL PP

Fuentes del PP celebraron la decisión del TSJM porque consideran que Sánchez “debe ser investigado” por “haber participado de manera directa en la adjudicación” de “dinero público a quien ha dado dinero a su esposa”. Según denunciaron, “Sánchez quiso liquidar este asunto con un simple email desde el ministerio de Félix Bolaños al Ministerio de María Jesús Montero diciendo que todo estaba bien”, pero la Justicia “enmienda” ahora las actuaciones del propio ministro de Justicia después de que la OCI “archivara” su denuncia en tan solo cuatro días.

Los populares interpretaron la resolución del TSJM como “un nuevo varapalo judicial para el Gobierno” en la misma semana en la que se registra el piso del exministro José Luis Ábalos, se investigan las empresas sobre las que mostró interés el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y se procesa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.

Génova retó al Gobierno a cumplir con la sentencia y hacer “las investigaciones pertinentes para aclarar la situación”, aunque expresaron sus recelos por la dependencia gubernamental de la OCI. “nos tememos que seguirán haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora desde las cloacas de Ferraz: mentir, obstaculizar las investigaciones y tapar su corrupción bajo las alfombras de Moncloa”, auguraron las mismas fuentes.