"No tendríamos ningún reparo sino todo lo contrario", dijo Almunia en la rueda de prensa de la Ejecutiva del PSOE. "En todo aquello en que el Gobierno, a través de la técnica que tiene en su mano, que es el decreto ley, fuese capaz de remendar los destrozos jurídicos y políticos que ha hecho, primero con su decreto leyde TV digital y después con la ley de TV digital, estaríamos encantados en reconocerlo retirando total o parcialmente el recurso de inconstitucionalidad".

En respuesta a las declaraciones de Aznar en una entrevista publicada el domingo, Almunia afirmó que "quien defiende la existencia de un monopolio en el ámbito de la TV digital es la ley del Gobierno al poner un plazo a partir del cual si no han llegado a un acuerdo los titulares de las diferentes técnicas de descodificación, sólo una de ellas seríalegal en España".

"Eso", añadió Almunia, "es pura y simplemente dictar por ley la supresión de los competidores y crear una situación ideal para quien quedase vivo en esa batalla, gracias al apoyo del Gobierno, y ese superviviente sería un monopolio".

Tras señalar que ni la Constitución Española, en su artículo 38, ni el Tratado de la CEE pueden permitir esa actuación, recordó que le han pedido al Gobierno que antes de que finalice el plazo dado por la Comisión Europea, que concluye el día 14, dee modificar la legislación en el próximo Consejo de Ministros, mediante un decreto-ley, en los aspectos inconstitucionales y en los aspectos contrarios a la normativa comunitaria.

"Si no lo hace", explicó Almunia, "estamos convencidos de que los argumentos que puedan constituir la respuesta del Gobierno al requerimiento de la Comisión Europea, no serán satisfactorios para la Comisión; que ésta en un plazo corto de tiempo instará al Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo para que aplique medidas catelares y suspenda la legislación española".

"Esto", añadió, "será el inicio de un camino que llevará a donde debe llevar ya una legislación acorde con la Constitución y con las normas comunitarias. Llevará a esa misma conclusión tras un proceso largo donde habrá intereses y derechos legítimos que habrán sido cercenados. Habrá, por lo tanto, indemnizaciones y compensaciones económicas, que se tendrá toda legitimidad para plantear a los tribunales, y será el bolsillo de los españoles quien tendrá que pgar en el futuro la incompetencia o el abuso de poder del actual Gobierno. Todo ellos lo podemos y lo debemos evitar", agregó.