"Puedes vender más, trabajar más horas o intentar ajustar gastos, pero hay costes fijos que han alcanzado un nivel que un pequeño negocio sencillamente no puede compensar", lamentó la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, quien avisó de que “para un autónomo que necesita un establecimiento para desarrollar su actividad, el alquiler no termina en la puerta de su casa, cada mes debe asumir también el coste del espacio en el que trabaja”.

La situación afecta especialmente al comercio, la hostelería, las peluquerías, los talleres y numerosos servicios de proximidad que necesitan un espacio físico y no pueden trasladar su actividad a una vivienda o desarrollarla exclusivamente por internet.

Uatae advirtió de que el precio de los locales está modificando el tejido comercial de numerosos barrios. A su juicio, cuando una actividad tradicional cierra y el alquiler disponible resulta inasumible para otro, disminuyen las posibilidades de que el establecimiento vuelva a ser ocupado por una actividad independiente. Añadió que el resultado es una “progresiva sustitución de pequeños comercios por operadores con mayor capacidad financiera, establecimientos vinculados a grandes cadenas o locales que permanecen cerrados mientras esperan arrendatarios capaces de asumir rentas más elevadas”.

Por ello, Uatae urgió a abrir el debate sobre el mercado del alquiler comercial y estudiar medidas específicas para proteger la continuidad del pequeño comercio y las actividades de proximidad. Entre ellas, políticas que incentiven la salida al mercado de locales vacíos a precios razonables, mecanismos públicos o municipales de intermediación, ayudas vinculadas al mantenimiento de actividades consideradas esenciales para los barrios y una mayor utilización del parque de locales de titularidad pública.

La organización pidió también que las políticas de vivienda tengan en cuenta la realidad de los trabajadores autónomos, cuyos ingresos pueden variar considerablemente de un mes a otro y que encuentran dificultades añadidas para acreditar solvencia pese a disponer de actividades económicamente viables. "Estamos hablando mucho de quién puede permitirse vivir en nuestras ciudades, y es imprescindible hacerlo, pero tenemos que empezar a preguntarnos también quién puede permitirse trabajar en ellas", apuntó Landaburu.