“Un país con más afiliación, pero con menos tiendas de barrio es un país que está dejando huecos en sus calles y en sus pueblos”, lamentó la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.

La Asociación alertó de que estos datos son “especialmente grave”, sobre todo cuando se trata de uno de los sectores con más peso histórico dentro del trabajo autónomo. Para Uatae, esas cifras “no pueden leerse como una mala racha sectorial”, sino como un problema de fondo, agravado por los costes al alza, las dificultades para encontrar relevo generacional, la presión de los alquileres o la liberalización de horarios y rebajas.

Además, tampoco pasó por alto los cambios en el consumo y las plataformas digitales que operan “con reglas muy distintas a las del pequeño comercio” y que obliga a los autónomos a “competir contra gigantes digitales”.

Por comunidades autónomas, Andalucía (126.725 autónomos del comercio), Cataluña (104.403), Comunidad Valenciana (78.623) y Madrid (74.561) concentran más de la mitad del comercio autónomo del país.

Galicia, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias y Murcia completan el grupo de territorios donde el comercio sigue teniendo un peso decisivo para la actividad económica local.

DEBATE POLÍTICO

Uatae consideró que la pérdida de 10.454 autónomos en un año obliga a abrir “un debate político que va más allá de las cifras de afiliación”. El cierre de los comercios de barrio también supone pérdida de empleo, seguridad, vida cotidiana y actividad económica en el territorio.

Por ello, la asociación reclamó que el comercio de proximidad sea tratado como un sector estratégico y que el Gobierno impulse, junto a comunidades autónomas y ayuntamientos, un plan integral con medidas fiscales, regulatorias y de modernización.

Entre las prioridades, situó medidas de impulso frente a las grandes plataformas, reglas que frenen la competencia desleal, una revisión de la liberalización de rebajas y horarios, ayudas para afrontar alquileres comerciales, digitalización útil para pequeños establecimientos e incorporación de herramientas digitales, simplificación administrativa y políticas de relevo generacional.

Asimismo, reivindicó que el plan preste especial atención al comercio rural, los mercados de abastos, la venta ambulante y la artesanía, actividades que cumplen una función económica, social y territorial que no puede medirse solo por volumen de ventas.

“El comercio de proximidad no pide nostalgia, pide reglas para poder competir. Si dejamos que el mercado lo ordene todo, el resultado ya lo estamos viendo, menos comercio local y más concentración en manos de quien tiene capacidad para vender desde cualquier lugar sin sostener la vida de ningún barrio”, afirmó Landaburu.