La Guardia Civil rastrea en ese informe el posible entramado societario usado para ocultar los cobros que serían el pago por “influir” presuntamente en la elaboración de leyes que les favorecieran desde el Ministerio de Hacienda, que dirigía Montoro.

Según el informe al que tuvo acceso Servimedia, esos pagos se realizaron en 29 transferencias que tenían como destinatarios directos en su mayor parte a los socios del citado despacho de abogados que los usaron en el pago de sus gastos corrientes “habituales, impuestos y gastos personales”. La UCO no ha detectado desviación de fondos hacia otro tipo de operaciones. Esta forma de actuar formaba parte de la operativa habitual del bufete que repartía de igual modo los fondos provenientes de “otros sectores empresariales”.

Los investigadores señalan que no se puede seguir la trazabilidad de todos los movimientos hasta llegar a los socios o empresas vinculadas a Equipo Empresarial. Sin embargo, certifican que buena parte de esos ingresos acabaron en sus cuentan sin una explicación fiscal diáfana.

La UCO detecta, asimismo, pagos a terceros y retiradas en efectivo que podrían encuadrarse en la actividad financiera del despacho y que no tienen conexión directa con el objetivo de la investigación ni con los servicios prestados.

Así, la Guardia Civil concluye que estos cobros no son aislados en el bufete, que usaba ese mismo mecanismo de cobro con empresas de otros sectores empresariales.