Tras casi seis meses de espera, el magistrado autorizó a la Guardia Civil el acceso a la cuentas bancarias de González Amador. Del análisis de esos datos y de otros obtenidos de la Hacienda pública, los investigadores concluyeron que el empresario facturó a la sanidad privada 4,4 millones de euros mientras era pareja de Ayuso, en ocasiones por la prestación de servicios que su empresa no estaba en condiciones de ofrecer por falta de medios.

El escrito de la UCO recuerda al juez que también se le había pedido permiso para revisar sus datos fiscales y los del resto de implicados en esta causa, algo que aún no ha sido autorizado por el juez. En concreto, la UCO quiere consultar la información tributaria de los investigados desde 2014 y los datos que sobre González Amador consten en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Con este escrito, los investigadores responden al auto del 10 de junio pasado en el que el magistrado autorizó investigar un total de 17 cuentas bancarias de la pareja de Ayuso. Consideran “indispensable” poder analizar los datos tributarios para completar el “análisis de la operativa económica” de González Amador y poder elaborar un informe.

Señala también la UCO que sin esta información no puede analizar posibles “flujos no declarados” en las cuentas del novio de Ayuso porque en este momento pueden ver el dinero cobrado y pagado por el empresario, pero no comprobar si hay “diferencias” entre esos flujos y lo declarado a Hacienda.

Así, los investigadores vuelven a pedir al instructor que autorice recabar esta información a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para poder concluir el informe centrado en la presunta utilización de una sociedad instrumental que compró a la esposa de un directivo de Quirón Prevención para ocultar ingresos procedentes de comisiones.

El contenido de este escrito tras la decisión del juez de retrasar la autorización para el acceso a la información tributaria y de la Seguridad Social se ha conocido a raíz de que la Fiscalía presentara un recurso de apelación, en el que reclama a la Sala que pidiera al juez agilizar la instrucción y dar autorización a la Guardia Civil. Según el ministerio público, la falta de esa autorización alarga "innecesariamente" la instrucción.

Por el momento, los agentes sólo han podido confirmar que González Amador facturó 4,4 millones de euros a Quirón Prevención tras analizar 17 cuentas bancarias del novio de Ayuso y 90 del director general de la compañía sanitaria, Fernando Camino, y su esposa, a la que González Amador compró una empresa sin valor por medio millón de euros, en lo que podría ser el pago encubierto de una comisión. Esta operación se investiga en una pieza separada en la que el empresario está acusado de corrupción en los negocios.