La Comisión considera que España "ha faltado a las obligaciones" que le incumplen en virtud de la normativa comunitaria que establece la formación de los profesionales del sector.

Además, la denuncia de la Comisión se hace extensiva a que la normativa española pone trabas a las empresas de seguridad privadas extranjeras puedan desarrollar su labor en nuestro país.

Según informó hoy la Comisión, España pone condiciones "desproporionadas" a las empresas extranjeras del sector, mientras las españolas pueden trabajar libremente en cualquier país comunitario sin ningún problema.

El Tribunal de Justicia ya condenó a España en 1998 porque imponía la nacionalidad española para poder trabajar en este sector y, aunque esto se suprimió de la normativa nacional, "la actual legislación sigue sin respetar la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios" que prevén los tratados de la UE.

La Comisión denuncia como conrarias al derecho comunitario las obligaciones de la normativa española que exigen que estas empresas se conformen como una sociedad y no puedan actuar como una persona física, la exigencia de un capital social mínimo y de una fianza, además de la obligación de contar con una infraestuctura física y humana mínima.