Según la Comisión, es necesario un marco legislativo que regule esta situación no solamente por la cantidad de intereses perdidos a causa de los retrasos, unos 10.800 millones de euros por año (más de un billón y medio de pesetas), sino porque después de la llegada de la moneda única europea y la abolición de los riesgos de cambio en la UE estos retrasos en los pagos supondrán una distorsión para la competencia.

Las razones de estos retrasos van desde la mala voluntad del cliente hasta as dificultades financieras reales, que especialmente las pymes no son capaces de prever.

Según datos publicados en 1997, las empresas que tardaron más en realizar sus pagos fueron las del sur de Europa. En este sentido, habría que diferenciar los plazos previstos en los contratos, que en los países del norte fueron menores, y los retrasos en los pagos.

La media europea de plazos contractuales fue de 39 días, más un retraso de 14 días. En Finlandia, Noruega y Alemania, los plazos fueron desde los19, 21 y 23 días, respectivamente, mientras que los retrasos estuvieron en 10, 6 y 11 días.

Entre los países del sur, España fue la que menos retraso tuvo en los pagos, 6 días, mientras que el plazo estuvo establecido en 68 días. En Grecia, Italia y Portugal los retrasos en los pagos supusieron una media de 19, 22 y 41 días, respectivamente.