Esta propuesta fijaría, por primera vez de forma individualizada para cadauno de los países miembros, los niveles máximos de emisión de dióxido de sulfuro, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y amoniacos.

El control sobre las emisiones individuales lo llevaría el Ejecutivo comunitario, que ofrecería una información regular sobre el cumplimiento de estos límites por cada uno de los estados, según señaló la comisaria de Medio Ambiente, Ritt Bjerregaard.

Estos topes podrían ser modificados por la Comisión en la próxima revisión de la directiva, en el año 204. La propuesta estipula también la necesidad de que cada Estado realice una investigación de sus circunstancias particulares para determinar el tipo de acción a emprender.