"Sabemos que tenemos que ser fuertes, y la fuerza implica medios. No somos una potencia militar, pero nos estamos preparando para serlo", declaró ante los legisladores del PPE, la mayor fuerza en Estrasburgo, seguida de los socialistas (S&D).

"Pero somos una potencia económica… Tenemos que mejorar nuestro rendimiento una y otra vez, es como un negocio, que sigue siendo una potencia económica", afirmó Von der Leyen (CDU), según varias fuentes presentes en la sala.

Sus comentarios se producen cuando una delegación danesa y groenlandesa se disponía a reunirse con miembros clave de la Administración de Donald Trump en Washington, en medio de las amenazas de Estados Unidos de anexionarse la isla autónoma.

Von der Leyen dijo a los eurodiputados que el mensaje más importante era que la UE respeta el derecho de los groenlandeses a tomar sus propias decisiones, pero que pueden contar con los europeos.

Sus comentarios se produjeron pocos minutos después de que se negara a confirmar que Groenlandia está cubierta por la cláusula de defensa mutua de la UE, el llamado artículo 42.7 del Tratado de la UE.

"Hay muchas especulaciones sobre lo que se debería hacer, lo que se podría hacer, lo que se puede hacer", declaró la presidenta de la Comisión a los periodistas en una rueda de prensa celebrada el miércoles, cuando se le preguntó directamente si la cláusula se aplicaría en caso de que Estados Unidos invadiera el territorio danés, rico en minerales. Groenlandia forma parte de la OTAN, pero no pertenece formalmente a la UE.

Von der Leyen también dijo en la reunión a puerta cerrada del PPE que era hora de que la UE desarrollara su propia estrategia de seguridad, algo que la Comisión presentará en 2026. No formaba parte del programa de trabajo de la Comisión para 2026. Señaló que nunca se había hecho antes, pero que era el momento adecuado para ello, según las fuentes.

La líder alemana de centro-derecha enumeró todas las formas en que la UE ha aumentado sus capacidades de defensa en los últimos meses, desde el programa ReArm, de hasta 800 000 millones de euros, y su programa de adquisición conjunta SAFE, al que se han adherido 19 países de la UE.